Retos económicos del plan climático

La reducción de las enormes desigualdades socioeconómicas existentes a nivel mundial entre los países y en el interior de cada estado, incluidos los miembros de la Unión Europea (UE) y las otras potencias occidentales, requiere un fuerte crecimiento sostenido. Por ello, es indispensable que el proceso de transición verde para frenar el cambio climático sea compatible con ese crecimiento sostenido y que su coste resulte moderado para el bolsillo de los ciudadanos.

No hay que olvidar que el 22,4% de la población de la eurozona está en riesgo de pobreza, y que el porcentaje llega al 24% en Alemania, al 25,6% en Italia y al 26,4% en España, según los últimos datos de Eurostat. El 10% de las personas con empleo en Alemania tienen unos ingresos inferiores al umbral de pobreza y la cifra sube al 11,8% en España e Italia, según Eurostat.

La opción del decrecimiento defendida desde algunos sectores no es realista, porque agravaría aún más las desigualdades, abocando a revueltas sociales y a respuestas autoritarias. El retroceso de la democracia a nivel mundial ya se ha acelerado, como alertan los informes de FreedomHouse y TheEconomistIntelligenceUnit, y las derivas autoritarias son visibles incluso dentro de la UE y en el Partido Republicano de Estados Unidos.

Cohesión social

Para que la transición verde pueda tener éxito es indispensable mantener la cohesión social y desacoplar el crecimiento de la dependencia energética de los combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas) responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. No será fácil, ya que el 71% de la energía de la UE procede de combustibles fósiles (80% a nivel mundial), según Eurostat.

Alcanzar los objetivos fijados por la UE para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 55%en 2030 en comparación al nivel de 1990 y de ser neutra en 2050 requerirá inversiones anuales multimillonarias, a las que habrá que sumar las inversiones de adaptación a los efectos del cambio climático que ya se dejan sentir.

La Comisión Europea estima que el objetivo de2030 requiereuna inversión adicional anual en energía limpia, tecnología, transporte y eficiencia energética durante la década 2021-2030 equivalente al 2,7% del producto interior bruto (PIB) de la UE del 2019, respecto a lo invertido en 2011-2020. De esa cifra, el incremento de la inversión pública requerido se situaría entre el 0,5% y el 1% del PIB, estima el thinktank Bruegel. Es decir, una inversión pública adicional que llegaría a unos 140.000 millones de euros anuales a precios del 2019. A ello hay que añadir el gasto público en adaptar las infraestructuras a los efectos del cambio climático, a las pérdidas de cosechas, a la reparación de inundaciones, a la protección de costas… etc. Asimismo, hay que sumar la contribución de la UE a ayudar a los países en desarrollo a adaptarse el cambio climático si quiere evitar olas masivas de inmigración semejantes a las de 2015. La ONU estima que los costes de adaptación al cambio climático de los países en desarrollo ascenderán globalmente a unos 255.000 millones de euros anuales está década.

Pacto de estabilidad

Dada la expansión del déficit y la deuda pública en la UE para amortiguar la crisis de la pandemia, las inversiones adicionales vinculadas al cambio climático requieren una reforma del pacto de estabilidad. Sin ella, esas inversiones resultarán imposibles porque los países deben comenzar a ajustar su gasto y déficit público anual a partir del 2023 en al menos el 0,3% del PIB y en el 0,5% en el caso de España, incluso aplicando los actuales márgenes de flexibilidad previstos.

La reforma del pacto de estabilidad es un objetivo prioritario de la presidencia semestral francesa de la UE que comenzará el 1 de enero. Las anteriores propuestas de Francia, Italia, España y otros países de excluir la inversión pública del cálculo del techo de déficit y deuda fracasaron por el rechazo de los defensores del rigor presupuestario liderados por Alemania, Holanda y Austria. Ante la gravedad del reto climático, los economistas de Bruegel plantean que las inversiones en la transición energética se puedan financiar vía déficit público y queden excluidas de las reglas del pacto de estabilidad. El acuerdo de gobierno y el reparto de carteras del nuevo Ejecutivo alemán serán crucialesparala negociación. Si el líder del Partido Liberal, Christian Lindner, logra ser ministro de Finanzas, la reforma puede bloquearse, ya que defiende el rigor presupuestario y cree que el pacto de estabilidad ya es flexible.  

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