Financiación autonómica

En unas semanas, y con siete años de retraso, se iniciará el proceso de revisión del sistema de financiación autonómica que venció en 2014. Desde su aprobación en 2009, bajo el Gobierno Rodriguez Zapatero, mucho han variado las circunstancias de nuestras autonomías. En concreto, se perciben dos dinámicas que pueden resultar de una especial relevancia ante este inminente proceso de reforma.

Así, de una parte, las comunidades, tras décadas de ejercicio de unas competencias muy cercanas al ciudadano, se han convertido en sujeto político con vida propia, al margen de las directrices del partido que sustenta al respectivo Gobierno autonómico. Y de otra, y como consecuencia de lo anterior, las comunidades divergen en sus orientaciones y empiezan a agruparse más por intereses comunes que por afinidades de partido. Así, por ejemplo, algunas de las gobernadas por el PP critican la excesiva centralización del aparato del Estado en Madrid, mientras que no todas las gobernadas por el PSOE coinciden con las consideraciones del presidente valenciano, Ximo Puig. Así las cosas, las negociaciones adquieren complejidad e interés pues, más allá de la posición de los dos grandes partidos, cualquier acuerdo estable deberá recoger las diversas sensibilidades de los gobiernos autonómicos.

En este contexto, resulta aún más sorprendente la renuncia del presidente de la Generalitat a participar e influir en el debate, pues se abre la oportunidad de definir un modelo conveniente para los intereses catalanes. Que nos hayamos habituado a esta dinámica de desplantes no resta trascendencia a una actitud que resulta contraproducente para los ciudadanos de Catalunya. Para alcanzar un modelo suficiente y estable no vale con limitarse a la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, que necesita de los escaños independentistas en el Congreso. En el momento actual, se requiere de cercanía y complicidades. Que no es nada sencillo, pero para eso están los líderes políticos.

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