Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

Romper el silencio del ‘bullying’

Además de animar a los escolares a no ser testigos pasivos, también debe desaparecer cualquier vestigio de pasividad en la institución educativa

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Romper el silencio del ‘bullying’

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La vida de los niños, adolescentes y jóvenes se desarrolla cada vez más en un entorno en línea, y la pandemia del covid-19 no ha hecho más que potenciar esta tendencia. Desde la educación íntegramente no presencial durante el periodo del confinamiento más duro hasta las sucesivas fases de restricciones de acceso y reunión en espacios públicos, todo ha favorecido el desplazamiento de la socialización de lo físico a lo digital. No es de extrañar que, según diversos estudios, el incremento de las horas de presencia en redes de los menores haya conllevado también el trasvase de las conductas de abuso contra iguales hacia el acoso en línea, que ya antes de la pandemia se había convertido en un problema preocupante y de difícil abordaje.

El acoso escolar siempre se ha ejercido en espacios no controlados por los adultos, en los que el agredido queda aún más indefenso si cabe ante un agresor que desarma a la víctima a través del ataque a la autoestima, la intimidación y la coacción, cada vez más en grupo que individual, que busca que esta conducta tóxica quede impune imponiendo el silencio. Si estos espacios habían sido hasta ahora pasillos, momentos fuera de control en patios y salidas y entradas de la escuela, los lavabos escolares o la calle, ahora las redes sociales se convierten en nuevos lugares de riesgo.

Justo esta semana se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, promovido por la Unesco. Su directora general, Audrey Azoulay, ha destacado la importancia de centrar la atención, en este nuevo contexto, en el ciberacoso, al advertir de que «la educación formal debería proporcionar a los niños y los jóvenes determinados conocimientos y competencias: cómo comportarse con civismo en línea, desarrollar mecanismos de afrontamiento, detectar y denunciar la violencia en línea y protegerse a sí mismos y a otros de las diferentes formas de ciberacoso».

En esta línea, los Mossos d’Esquadra han renovado, con el lema 'Posiciona’t contra l’assetjament', los materiales con los que colaboran en esta labor de formación a través de talleres en los centros. Se trata de que los escolares, que pueden ser agresor, agredido o testigo, adquieran recursos. En particular, imbuirles la necesidad de no ser neutrales, intervenir e informar rápidamente a los adultos. Y hacerles conscientes, como argumento disuasorio, de que la red no es el espacio anónimo en el que agredir de forma impune. También la estrategia del Departament d’Educació pasa por el papel protagonista de los menores como observadores de los comportamientos que pasan desapercibidos a familias y educadores, con iniciativas como el programa de innovación pedagógica 'Aquí prou bullying' (en el que solo participan 221 de los casi 4.000 centros educativos catalanes).

Con ser importante la labor de formación que lleve al alumno a no convertirse en agresor o, cuanto menos, a no ser espectador pasivo del maltrato, no debe olvidarse la importancia del papel vigilante de los adultos responsables de su bienestar, familias y educadores. En los casos en que todo ha fallado y las situaciones de abuso han llegado a consecuencias de extrema gravedad, desde acciones tipificables como delito a cambios forzados de entorno escolar, autolesiones o suicidios, entre la cadena de errores que acaban saliendo a la luz acaban apareciendo actitudes pasivas, complacientes, excesivamente contemporizadoras o incluso -lo que nunca debería suceder- culpabilizadoras de la víctima. Aunque la sensibilización de los docentes hacen que este tipo de actitudes sea ya excepcional, y la creación de equipos y programas de convivencia escolar sean la norma, no hay excusa para que pervivan actitudes de dejadez. Aún más cuando, desde la aprobación de la ley de protección de la infancia el pasado mes de junio, se establece claramente el deber de comunicar cualquier situación de violencia sobre niños, niñas o adolescentes a la autoridad competente aun cuando no sea constitutiva de delito.