Deslegitimando la Generalitat en nombre de la república

El diseño de una Generalitat alternativa instalada en Waterloo avanza a buen ritmo, a cuenta de deslegitimar la Generalitat estatutaria. Este proceso no parece ser un problema para la mitad de la media Catalunya independentista, la mitad representada por Junts y la CUP, la que adora a Carles Puigdemont por su habilidad en mantener viva la imaginación y aborrece a ERC por su empeño en salvar los muebles de tantos años de despropósitos compartidos.

Puigdemont y sus independentistas hiperbólicos han descubierto que es mucho más fácil destruir las instituciones nacionales autonómicas que doblegar la voluntad de un Estado democrático. Así, para cuando el autogobierno catalán sea una parodia, el Consell per la República podrá guiar sin impedimentos la larga a marcha hacia quien sabe dónde. Es un plan tan sencillo como irresponsable. Y tiene su versión B: de no conseguir sus propósitos de desgaste institucional por la resistencia de los republicanos a malbaratar el gobierno que un día presidió el mismísimo Lluís Companys, entonces será el momento de hacer caso a la visión de Jordi Cuixart de “volverlo hacer y hacerlo mejor”, asegurándose un nuevo 155 que conceda todo el protagonismo a los atrincherados en la Casa de la República.

Los dirigentes de ERC cometerían un error si desdeñaran la elección de una asamblea de representantes del Consell per la República por considerarla una opereta, un ejemplo más de jugada maestra perpetrada a partir de la candidez de unos seguidores ávidos de esperanza. Ciertamente el Consell per la República es tan solo una entidad más del movimiento independentista; pero en este caso adornada con toda la fanfarria pseudo institucional para ejercer de contrapeso a las legítimas instituciones catalanas y para desacreditar los avances que pueda reportar el pragmatismo de los republicanos.

Para ERC no está resultando sencillo romper con sus camaradas de 2017, actuales socios de gobierno, aun siendo cristalina la intencionalidad de la envolvente de carácter emocional y absurdamente épica impulsada por Waterloo. Con estas dudas juega Puigdemont para edificar paso a paso un gobierno en el exilio que presente al gobierno catalán como cómplice del Estado cuando así les convenga. Para contrarrestar la maniobra, los republicanos solo cuentan, en realidad, con la predisposición del gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente Sánchez (y el PSC) tienen un catálogo de ofertas para la Generalitat en el que no figura la república independiente. Al margen de este inconveniente, todo serán facilidades para ERC. Es el caso de la ley del audiovisual, puesta en bandeja de plata con la antelación suficiente para detectar la inexistencia de una cuota de protección del catalán (del gallego y el euskera); de tal forma que su grupo parlamentario se apunte un éxito político incontestable al reparar tamaño olvido, a la vez que justifica el apoyo a los presupuestos. Esta es la política que incomoda a Puigdemont, a su consejo y a su asamblea de representantes.

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