Cuando la prueba es tan difícil

La agresión sexual a menores es uno de los delitos que más repugna a la sociedad. Cuando se descubre en el momento en que está sucediendo, es posible intervenir rápidamente, juzgar a los posibles responsables y atender a las víctimas debidamente. 

Ocurre, sin embargo, que aunque es muy difícil saber cuántos de esos delitos nunca salen a la luz, lo que sí es cierto es que varios de ellos se empiezan a perseguir mucho tiempo después de haber tenido lugar la agresión. Y en ese momento las dificultades judiciales son ya incontables. Suele haber un vacío probatorio alarmante, porque más allá del trauma que todavía arrastre la persona y que puede ser evaluado por un psicólogo, tanto tiempo después es casi imposible aportar otra prueba que no sea el testimonio de la propia víctima y el del supuesto agresor. Y dichos testimonios son dificilísimos de analizar. Incluso con los mejores esfuerzos de jueces y psicólogos, puede ser labor imposible reconstruir lo acaecido con suficiente verosimilitud y relacionarlo con una persona como autor de los hechos. Proceder a condenar a quien la víctima señala como culpable, sin más, sería una flagrante vulneración de la presunción de inocencia. 

Ocurre lo mismo en otros supuestos, como agresiones antiguas sobre personas mayores de edad como parte de una situación de acoso sexual en el ámbito laboral, que solamente se denuncian muchos años después, e incluso con crímenes contra la humanidad acaecidos hace décadas. El problema siempre es el mismo: la prueba de los hechos. Con los crímenes contra la humanidad asumimos hace tiempo que, siendo evidentes unos hechos delictivos, podíamos condenar a personas que estuvieron en un puesto de responsabilidad que les hubiera permitido evitarlos. Con ello se logró juzgar y condenar a unos cuantos criminales, a veces con edades muy avanzadas. Pero con los crímenes sexuales en tiempo de paz, insisto, el problema es que toda la prueba puede ser solamente lo que digan víctima y denunciado y su evaluación psicológica.

Es por ello por lo que cuando las personas son mayores de edad, el Estado no investiga de oficio estos hechos. Precisa la previa denuncia de las víctimas, no solo por esas dificultades probatorias que sin la colaboración del ofendido se elevan al máximo, sino porque en uso de su libertad sexual, toda persona mayor de edad tiene el poder de decidir si el acto sexual tuvo lugar o no en el marco de su libertad sexual. Es lo propio de estos delitos llamados por esa razón 'semipúblicos'. Por mucho que ofendan a nuestra conciencia “pública”, los hechos forman una parte demasiado intensa de la intimidad de las personas como para que el Estado considere que puede inmiscuirse sin más en esas situaciones. Ello a veces frustra algunas investigaciones que incluso podrían tener mayor riqueza probatoria, pero sin el consentimiento de la víctima no hay nada que hacer, y hay que respetarlo. No son pocas las que prefieren no revivir o airear hechos que fueron terribles en su momento, precisamente para no padecer lo que se llama victimización secundaria, es decir, para no ser víctimas dos veces, la primera cuando fueron agredidos y la segunda cuando deben recordar aquella situación nauseabunda ante un tribunal.

Son delitos 'semipúblicos'. Por mucho que ofendan a nuestra conciencia “pública”, los hechos forman una parte demasiado intensa de la intimidad de las personas como para que el Estado considere que puede inmiscuirse sin más en esas situaciones

Con todo, lo que más inquieta sobre estos hechos es que la sociedad dirige su mirada exclusivamente al castigo del responsable, y se olvida casi por completo de la víctima. En realidad, se da por hecho que la prisión es el consuelo principal de la víctima. Es posible que ver sufrir a otro supusiera una especie de compensación para muchos en tiempos antiguos, pero a nadie le ha solucionado jamás la vida. A la víctima lo que hay que darle es todo lo que sea posible para devolverle la felicidad que le robaron: asistencia psicológica, formación, vivienda, sustento, seguridad, y hasta un círculo de amigos si le cuesta construirlo como consecuencia de lo que tuvo que vivir. Esa sí es una labor del Estado que debe cumplir siempre, con la colaboración de todos.

La pena es sólo un mecanismo para rehabilitar al reo, si es posible. Sin perjuicio de ello, hay que ir borrando de la sociedad la vieja idea de que el castigo, el dolor, es redentor. A nadie le redime el dolor, ni el propio ni el sufrido por otro.

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