La corrupción persigue al PP

La sentencia de la Audiencia Nacional que condena al extesorero del PP Luis Bárcenas y al partido como responsable civil subsidiario es la tercera que acredita la existencia de una caja b, negada siempre por José María Aznar, Mariano Rajoy y otros dirigentes o exdirigentes. El texto es inequívoco: «En el periodo en que Bárcenas ocupó los cargos de gerente y tesorero, gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política Partido Popular como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela (contabilidad b) de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas». Anteriormente, la existencia de la caja b fue acreditada en la sentencia de la Audiencia Nacional de mayo de 2018 –la que provocó la moción de censura que desalojó a Rajoy del Gobierno– y en la del Tribunal Supremo de octubre de 2020, ambas sobre la primera etapa del caso Gürtel. El párrafo citado, al considerar a Bárcenas mero gestor del dinero aportado al PP, destruye la argumentación de exdirigentes como Aznar y Rajoy, que habían adjudicado solo a Bárcenas las supuestas irregularidades. 

Ahora se trataba de si la remodelación de la sede del PP en la calle de Génova de Madrid se pagó o no con fondos procedentes de esa caja b. La sentencia da por probado que el PP abonó más de un millón de euros a la empresa de arquitectura Unifica «al margen de la facturación y la contabilidad oficial», fondos «no declarados a la Hacienda Pública». Los jueces condenan a Bárcenas como cooperador necesario de un delito de falsedad contable, en relación con otro de fraude al fisco, a dos años de prisión –con los atenuantes de confesión y reparación del daño– y al pago de una multa de 1,2 millones de euros, y a Gonzalo Urquijo y Belén García –responsables de Unifica– a dos años y nueve meses de prisión y al pago de una multa de 2,6 millones de euros. El PP deberá pagar al Estado 123.669 euros como responsable civil subsidiario.

El fallo concede verosimilitud al menos a una parte de los llamados papeles de Bárcenas, que «reflejan acontecimientos cuya realidad ha quedado acreditada, como los traspasos a las cuentas de donativos oficiales, entregas de dinero a determinadas personas vinculadas con el PP o los pagos por las obras de reforma de la sede central de la referida formación política». Sobre las obras de reforma, los jueces explican con detalle el pacto a que llegaron los condenados para pagar en dinero negro parte de las obras.

La sentencia es demoledora para el PP, pese a lo cual no ha habido reacción oficial alguna de los actuales dirigentes del partido. «Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir sobre ese tema», aseguran fuentes de la dirección. Y lo que tenían que decir es lo que dijo Pablo Casado tras las elecciones catalanas de febrero –en las que acusaron a Bárcenas del pésimo resultado–, que se resume en que desde entonces la dirección «no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal que no haya sido en beneficio del partido o incluso haya podido perjudicarle». Pero la sentencia deja claro que no es ninguna acción personal, sino que afecta de lleno al PP como organización, y Casado no puede esconderse en el argumento de que son cosas del pasado. Es absolutamente incoherente que cuando conviene –por ejemplo, en la pasada convención– Casado se presente como heredero del PP de Aznar y Rajoy, pero no quiera asumir responsabilidad alguna cuando se trata de casos de corrupción, aunque sean del pasado. Mientras no lo haga, la corrupción perseguirá al PP.