Un mal inicio

La reforma del mercado de trabajo incide directamente en el mayor de nuestros males: la escasa creación de trabajo estable y bien remunerado. Sin duda, esta carencia es consecuencia de múltiples factores, más allá de la estricta reglamentación laboral, pero la inminente reforma, saliendo de la pandemia y coincidiendo en un momento de transformación productiva, es una gran oportunidad para avanzar hacia ese mayor y mejor empleo que tanto necesitamos.

En los próximos meses, la primera demanda patronal será la flexibilidad, entendida como la capacidad de adecuarse a caídas en el nivel de actividad. El empresario necesita certeza de los tiempos y formas para reducir plantilla cuando las circunstancias lo exigen. Por su parte, para los sindicatos la prioridad es reducir la precariedad y conducir los abusos en prácticas como la externalización. Con certidumbre, los empresarios contratarán en mayor medida en tiempos de bonanza y, a su vez, la estabilidad en el empleo facilitará la capacitación laboral necesaria para avanzar hacia una economía de mayor valor añadido. 

Este es el sentido de una reforma en cuyos grandes trazos coinciden partidos, agentes sociales y la Unión Europea. A partir de esta voluntad común, a medida que se entre en el detalle emergerán las diferencias entre unos y otros, especialmente en cuestiones como, por ejemplo, el ámbito de los convenios. Cuestiones complejas que imposibilitan soluciones sencillas con que contentar a todos. La única reforma posible estará cargada de matices y cesiones mutuas. En este contexto, y sin la mínima voluntad de pacto entre los grandes partidos, la negociación empieza de la peor manera posible, con un enfrentamiento en el propio seno del Gobierno y planteando la reforma en base a una disyuntiva tan simplona como contraproducente: derogación o no de la ley del PP. Lo que está en juego para millones de ciudadanos es demasiado importante como para situarnos en un escenario de blanco o negro, que a nada conduce.

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