Acabemos con el abandono educativo

Según datos de la última EPA de este jueves, la tasa de paro entre los jóvenes menores de 25 años ha bajado durante este último año nada menos que 12 puntos en Catalunya y 9 puntos en España. Es un acusado descenso que refleja la recuperación económica pospandemia. Se han creado 854.000 empleos juveniles que suponen casi un tercio del total creado. A trancas y barrancas vamos saliendo de la recesión, aunque el colapso temporal de la cadena global de suministros y el alza de los precios retarden el ritmo previsto de rebote y crecimiento.

En espera de la inminente reforma laboral, la inserción juvenil sigue siendo precaria, aunque va remitiendo la pérdida de renta y el ‘descensor’ social que han afectado de lleno a los jóvenes ‘millenials’ ahora ya treintañeros. El escenario mejorará en 2022, cuando el PIB rebote hasta un 6,3%, se apliquen los fondos europeos y entre en funcionamiento un nuevo marco laboral más garantista.

La pospandemia va lenta, pero es indudable que la recuperación cuenta con un escudo protector con políticas redistributivas de la renta y el bienestar y con palancas rápidas de transformación para encarar la transición digital, ecológica y productiva que se nos viene encima. Una de estas palancas eficaces es la modernización y reforma de la formación profesional, y otra es la reducción del abandono educativo temprano. La Unión Europea define este como el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria y no ha seguido ningún tipo de estudio o formación en las cuatro últimas semanas, trabaje o no. Es decir, el significante fuerte del concepto es no tener titulación posobligatoria y no estar formándose para lograrla.

Es decir, es un concepto que alude tanto al comportamiento juvenil como a la oferta pública de plazas formativas y circuitos que permiten lograr una titulación posobligatoria (que suele ser una titulación de FP). Aunque aluda a ambas dimensiones, buena parte de la opinión pública y publicada acostumbra a poner el foco en los jóvenes como diana de un comportamiento anómalo, en lugar de centrarse en la falta de oferta y la ausencia de programas eficaces de recuperación y nuevas oportunidades educativas y de retorno. Quizá sea un sesgo cognitivo muy latino eso de apuntar al pecador y olvidarse de la responsabilidad institucional que tiene la política educativa y formativa en resolver el problema.

La última EPA nos trae una noticia positiva. La tasa de abandono educativo temprano ha bajado hasta el 13,8% en España y el 15,5% en Catalunya. En ambos casos es un descenso de casi tres puntos de golpe en este último año. Es algo excepcional y esperanzador. En primer lugar, porque muestra que la pandemia ha jugado un efecto de retención y continuidad de los estudios que debe ser mantenido y financiado. En segundo lugar, porque los 3.700 millones de inversión extraordinaria destinados por el Gobierno de Pedro Sánchez a las comunidades autónomas en 2020 y 2021 empieza a dar sus frutos, reforzando la equidad educativa y la oferta de plazas de formación profesional (aunque ni Madrid ni Catalunya han estado a la altura).

La falta de 20.000 plazas de FP este inicio de curso en ambos territorios ha evidenciado que una parte del abandono educativo temprano es abandono burocrático causado por las propias administraciones por su mala planificación. Aunque nos digan que ya han recolocado toda la demanda, nos siguen sin decir que su objetivo es que el 90% de cada generación logre una titulación posobligatoria y que actuarán para ello aportando recursos, programas, becas y estímulos. Eso es resolver el desafío, pero claro, primero hay que asumirlo y liderarlo con una valentía que no se tiene ni se quiere presupuestar.

Estamos ante la última y decisiva oportunidad para acabar con el abandono temprano. La LOMLOE permite articular circuitos de retorno y segunda oportunidad que la Generalitat sigue sin aprovechar. Son loables los esfuerzos del tercer sector con entidades como El Llindar a la cabeza para definir los nuevos circuitos o, incluso, el de la Diputación de Barcelona invirtiendo casi 4 millones en su proyecto NOE 4.10, apoyando a los municipios en su lucha contra el abandono temprano. Pero sigue faltando el liderazgo del agente principal, la Generalitat. Me pregunto para qué quiere su soberanía si no la ejerce ni la transmite.

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