Doble choque PSOE-Podemos

Dos cuestiones tensan otra vez la relación entre los partidos de la coalición de gobierno, el PSOE y Unidas Podemos (UP). Por un lado, la reforma laboral, y por otro, la retirada del escaño al diputado de UP Alberto Rodríguez. A pesar de la tentación de mezclar ambas cosas, acaso por su coincidencia en el tiempo, se trata de asuntos separados que lo único que tienen en común es que vuelven a poner de manifiesto que hay dos partidos gobernando.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha sido quien ha encabezado hasta ahora las negociaciones con la patronal y los sindicatos sobre la reforma laboral, pero, llegado el momento decisivo –debe aprobarse antes de fin de año–, Pedro Sánchez ha dado instrucciones de que sea la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, quien asuma la coordinación. Las discrepancias de fondo sobre la reforma entre ambas vicepresidentas son manifiestas. Calviño nunca ha aceptado la “derogación” total, y prefiere más bien cambios en las cuestiones más lesivas para los trabajadores.

Ante esto hay que subrayar que lo importante en este asunto no es el quién sino el qué. El Gobierno se ha propuesto llevar a cabo la reforma y debe hacerlo atendiendo a los compromisos europeos –de los que dependen los fondos de recuperación– y procurando desgastar lo menos posible a la coalición. Alargar el debate y fomentar el enfrentamiento entre altos cargos del Ejecutivo no conduce a nada bueno. Palabras como las que pronunció este sábado la vicepresidenta Díaz en la clausura del congreso de CCOO, cuando dijo que el Gobierno derogará la reforma del PP “a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas”, desvían la atención del fondo del asunto y la trasladan al terreno partidista.

Hay cosas en juego de muy grande calado para que el Gobierno se pueda dar el lujo de prolongar este debate. La reforma laboral es un tema que afecta al menos a cinco ministerios –Trabajo, Economía, Hacienda, Inclusión y Educación–, es decir, a una parte importante del Gobierno. Parece razonable y práctico, pues, que quien tome las riendas del asunto sea la persona que fue investida como presidente, no sus vicepresidentas. Sánchez no se puede permitir que la UE se fije más en las discrepancias internas que en las cuestiones de fondo.

La otra cuestión se refiere a la decisión de Meritxell Batet de retirar el escaño al diputado de UP Alberto Rodríguez siguiendo las instrucciones del Tribunal Supremo. Rodríguez recibió una condena de un mes y medio de prisión –sustituida por una multa de 540 euros— por agredir a un policía. UP siempre ha dicho que fue condenado sin pruebas y se opone a la retirada del escaño, lo que han corroborado los letrados de la Cámara. Pero el Supremo entiende que la pena de “inhabilitación especial por pérdida del derecho al sufragio pasivo”, accesoria a la de cárcel, no ha decaído al pagar la multa, de modo que debe dejar de ser diputado.

Batet pidió aclaraciones al Supremo y el alto tribunal contestó que la inhabilitación era “obligada”, por lo que la presidenta del Congreso retiró el escaño. En el cumplimiento de las sentencias no puede haber dudas y menos en un tema tan delicado como es la retirada de la condición de un cargo electo. Por eso hizo bien Batet en pedir aclaraciones antes de actuar, a riesgo de afrontar una querella de UP por presunta prevaricación, decisión sorprendente entre dos partidos que gobiernan juntos.