Transición energética: la hora de la verdad

El Govern de la Generalitat ha presentado la hoja de ruta de esta legislatura en materia de transición energética, en la línea de los compromisos a conseguir en 2030 y del horizonte fijado por la Unión Europea para 2050. Como primera medida ha anunciado que remitirá al Parlament un Decreto Ley que tiene por objetivo modificar el actual marco normativo en materia de renovables, y de introducir la planificación territorial. El plan sitúa en primer lugar el despliegue del autoconsumo y el uso energético de los espacios públicos, con la creación de una empresa pública que gestione la generación renovable producida en estos.

Se pretende también mejorar y digitalizar las redes de Media y Baja Tensión, que están estresadas -como se ha visto cuando hay demandas punta del sistema- y, lo que es más importante, adaptarlas al nuevo papel de los consumidores-productores de energía. Son redes que tienen que dejar de ser unidireccionales y hacerlas inteligentes para adaptarse a los nuevos flujos de consumo/generación del sistema.

El Govern diseña una transición energética basada en pequeños productores locales

En este contexto, hay que recordar que cinco colegios catalanes de ingenieros ya manifestamos el pasado abril los principios con los que creemos que debemos actuar para garantizar el suministro energético y a la vez hacer la descarbonización energética. Recomendábamos mantener el principio de utilidad pública de la generación renovable y actuar en dos direcciones: agilizar la tramitación de los proyectos y asegurar su integración social.

En el borrador actual del Decreto del Govern se establece alguna simplificación para los proyectos de pequeña dimensión, pero –por el contrario- hay nuevos condicionantes en la tramitación como en la aceptación social de los proyectos de potencias superiores a 5 Megawatios, el límite que afecta a la gran mayoría de los proyectos de parques de energías renovables.

Hará falta ver cómo se concretan finalmente estos nuevos condicionantes, pero manifestamos nuestra seria preocupación por cómo con este nuevo decreto el Govern da respuesta a las quejas recibidas sobre los más de 600 proyectos que hay en tramitación.

Somos escépticos, muy escépticos, con que este nuevo decreto sea la herramienta capaz de separar las quejas justificadas -por parte de los proyectistas y promotores, y a las que se tiene que dar respuesta pública- de quienes, levantando la bandera de la ecología, en realidad son de la cultura del “no a todo” y “no junto a mi casa”, especialmente cuando se trata de infraestructuras energéticas.

Y nos preocupa que genere más inseguridad a la iniciativa privada en el sector renovable de Catalunya y que aleje a los inversores y los ingenieros proyectistas catalanes de energías renovables, que son reconocidos en todas partes.

A corto plazo, el Govern tiene ahora un reto de gestión para dar salida a las más de 600 peticiones de nueva generación renovable, lo que supondría duplicar en 5 años la actual potencia instalada de renovables, que hoy representa solo el 9% de la demanda de energía eléctrica de Catalunya, lejos, muy lejos otros territorios y de los objetivos marcados por la propia Generalitat.

Este tiene que ser el foco de la gestión del Govern. Hace falta que se gestionen mejor los grandes proyectos. Hace falta que se dote de recursos humanos propios y ajenos, de técnicos capaces de resolver este cuello de botella en el que se está convirtiendo la propia Administración. Hay que reorientar a los promotores y encontrar compensaciones e integración social. Hace falta que la Administración no actúe únicamente de “filtro duro”, sino también de acompañante del inversor.

Es la hora de la verdad si queremos lograr los cambios necesarios para llegar a los objetivos previstos para 2050. Si hay que hacerlo mejor, hagámoslo mejor. Pero hagámoslo ya. El futuro no tiene espera.

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