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¿Quién teme unas pensiones públicas?

Las previsiones demográficas muestran una progresiva disminución de la población en edad de trabajar. Pero es más relevante el porcentaje de los que pueden trabajar de manera continuada y con un salario digno

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Jubilados conversando en Barcelona.

Jubilados conversando en Barcelona. / MANU MITRU

Con unas pensiones alrededor del 60% del salario medio y unas cotizaciones alrededor de un tercio, basta con dos personas que trabajen para hacer frente a una pensión de jubilación. Y en cuanto al balance entre los años de cotización y de jubilación, con 25 de cotización y un rendimiento anual mínimo del 2%, habría para cubrir los 15 que separan la edad de jubilación y la esperanza de vida.

Dos parámetros, el tiempo de cotización y el número de personas activas por jubiladas, que en el Estado español se han superado holgadamente hasta la fecha; permitiendo que el sistema de pensiones haya sido un tipo de vaca lechera que el Estado ha empleado para financiar aquello que no cubría con una presión fiscal insuficiente a las rentas altas y del capital.

De hecho, se estima en más de medio billón de euros el superávit acumulado por el sistema de pensiones que se ha empleado para financiar otras partidas. De estar en la 'hucha', como haría falta, habría para pagar tres años de pensiones de jubilación sin necesidad de cotizaciones, o para complementarlas durante bastantes años de ingresos insuficientes. De manera que no es ni de lejos cierto que el sistema de pensiones por jubilación esté en quiebra ni que sea insostenible. Esta idea más bien parece una 'fake news', tan interesada como todas. En este caso, ¿para vender planes de pensiones privados y dar más líquido a aseguradoras y bancos?

Es cierto que las previsiones demográficas, generalmente superadas por la realidad, muestran una progresiva disminución de la población en edad de trabajar. Pero esta no es la única variable relevante. Lo es más el porcentaje de los que pueden trabajar de manera continuada y con un salario digno. Con datos prepandemia, mientras que en Alemania u Holanda trabajaba más del 50% de la población total, a pesar de una tasa de envejecimiento superior a la española, en el Estado español lo hacía un 42%; si bien con diferencias de hasta 10 puntos porcentuales entre comunidades.

El problema económico del Estado español no son las pensiones de jubilación sino el alto paro, la precariedad laboral, la brecha de género y los bajos salarios; y una baja productividad, que justifica y a la vez congela estos bajos salarios. Y esto no se resolvería con más población, que si aumenta de forma repentina solo posterga el problema. Ni tampoco se resolvería alargando por obligación la vida laboral y recortando las pensiones, como algunos pretenden, que en todo caso mantendría el superávit del sistema de pensiones para continuar pagando otras cosas.

El alargamiento de la esperanza de vida con salud puede hacer deseable una jubilación voluntaria más tardía y es cierto que bastantes prejubilaciones forzadas son un verdadero fraude. Por lo tanto, bienvenidas sean las reformas para acabar con estas y facilitar aquellas. Y bienvenido, también, el compromiso de actualizar las pensiones con el IPC; si bien tendrían que actualizarse con la productividad nominal si, más allá de mantener la capacidad adquisitiva, queremos que mantengan su proporción con los salarios.

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También hay que reconocer que no todo trabajo es igual; que los hay que son más duros físicamente o psíquica, que las mujeres sufren una serie de discriminaciones a lo largo de su vida laboral, y que los cómputos de años trabajados para obtener el 100% de la jubilación lo ha de tener en cuenta. Porque el hecho que el sistema de pensiones haya sido y sea robusto no quita para que le quede bastante recorrido de mejora en defensa de las clases trabajadoras –autónomos incluidos.

Este es el espíritu con el que ERC encara la reforma que el Gobierno de Unidas Podemos-PSOE está tramitando actualmente en el Congreso. Muy conscientes de que el sistema de pensiones es un pilar fundamental del Estado del bienestar, que afecta a millones de pensionistas actuales y futuros y al funcionamiento del mercado de trabajo en su conjunto.

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