Solo la coeducación tendrá dinero público

La decisión del Gobierno de la Generalitat de suprimir, a partir del próximo curso, las subvenciones a los centros privados que educan niñas y niños por separado es una buena noticia, aunque llega un poco demasiado tarde.

Si algo caracteriza nuestro sistema educativo es la corta duración de las leyes educativas, la incapacidad de los principales partidos para pactarlas y la derogación de la normativa vigente cuando cambian las mayorías de gobierno. Hay, sin embargo, un aspecto clave que ha perdurado y que, si ha sido objeto de alguna modificación, esta ha implicado un incremento de dinero para las escuelas privadas. Se trata de las subvenciones que el Estado, central o autonómico, otorga a las llamadas escuelas concertadas que imparten las diversas etapas educativas, incluidas las no obligatorias.

El conjunto del Estado presenta una proporción de escuela privada superior a la media europea, aunque la distribución es muy desigual: las grandes ciudades y algunas autonomías, como Catalunya, son las que disponen de un mayor porcentaje de centros privados, aunque las cifras han ido disminuyendo por un doble motivo: la mejora del sistema público y el elevado coste de las privadas a pesar de los conciertos educativos.

En el momento de la instauración de la democracia, a finales de los años 70 del siglo pasado, los déficits escolares eran inmensos y la urgencia en inversiones, incremento del profesorado y actualización de métodos y contenidos no podía admitir retrasos. La Constitución había dejado abierta la posibilidad de legislar desde una visión de izquierdas y desde una visión de derechas y esta ambigüedad ampara el desacuerdo entre partidos y la excesiva proliferación de leyes de educación. A la vez la Carta Magna dejaba la puerta abierta a la financiación pública de los centros privados y bajo el mandato de la UCD se aprobaron las leyes que fijaban estas aportaciones siempre que se cumplieran determinadas condiciones. Desde entonces hasta ahora se ha pasado de un dinero público que cubría un tercio, aproximadamente, del coste total de las etapas obligatorias a la cobertura total de los costes de la educación desde los tres años hasta el final del bachillerato y la formación profesional. También se ha igualado el sueldo entre el profesorado privado y el público. Esto, sin embargo, no implica que los centros concertados y plenamente subvencionados dejen de cobrar dinero a las familias en forma de aportaciones a unas peculiares fundaciones que cada centro escolar ha creado para sortear la prohibición de cobrar.

Las discusiones parlamentarias entre los diversos partidos políticos fueron notables y también entre los sindicatos y la patronal, pero las subvenciones se aprobaron y se fueron incrementando en dinero y etapas educativas. También se han producido otros cambios como el paso de decenas de escuelas privadas al sector público, en especial en Barcelona y el resto de Catalunya, el cierre de muchas escuelas privadas que ya no podían competir con el sector público actual, el crecimiento global del sector público y en particular de las guarderías, aunque estas están muy lejos de la plena cobertura.

El gran punto de discrepancia que ha ido aflorando a lo largo de los años es el relativo a las escuelas privadas religiosas, del Opus Dei en Catalunya, que mantienen la segregación entre sexos, segregación contraria a la coeducación que fija la ley de educación catalana y la que se acaba de aprobar en el Parlamento español. ERC desde el Gobierno de la Generalitat ya ha propuesto y anunciado desde hace cuatro años su voluntad de eliminar las subvenciones a estos centros que segregan por sexo y en todas las etapas, pero hasta hoy no ha podido. Los recursos presentados por los centros, la aplicación del 155, la pandemia y el proceso lo han impedido.

Ahora se trata de eliminar las subvenciones de dos etapas no obligatorias. Esperamos que sea una realidad y el inicio de una supresión total a medida que vayan llegando las fechas de caducidad de los conciertos actuales. Se trataría de una buena medida, pero no es la única que hay que adoptar. Entre otras habría que revisar los actuales convenios, comprobar cómo se distribuyen los recursos públicos, cuál es el coste de los pagos privados, qué diferencias hay entre los diversos centros y a que se destina este dinero. Ya sabemos que la evaluación no es una característica prioritaria del sector público, pero del dinero de todos los gobiernos deben garantizar el buen uso.

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