Editorial Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

El Gobierno y el precio de la luz

Hay que reformar el mercado de la electricidad, pero con unas herramientas que hagan viable el sistema también a largo plazo

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Pedro Sánchez y Nadia Calviño conversan en el Congreso.

Pedro Sánchez y Nadia Calviño conversan en el Congreso. / EFE / CHEMA MOYA

Hasta el ciudadano que procure estar mejor informado puede perderse en el embrollo sobre el incremento del precio de la electricidad. A estas alturas, muchos ya se han dado cuenta de que no fue por el cambio tarifario de junio, aunque al principio lo más fácil era hacer esta relación causa-efecto. Luego se vio que había más variables implicadas: el aumento del precio mayorista del gas, el incremento del precio de los derechos de emisión del dióxido de carbono (CO2) e incluso políticas geoestratégicas de los países productores. También se ha visto que el problema no es solo de España, sino que la crisis energética –en sus múltiples facetas– es mundial, y que hasta China ha sufrido apagones eléctricos que ha afectado a sus fábricas. Ante este panorama, resulta casi absurdo que el Gobierno pretenda tener la receta de una solución rápida, a través de medidas temporales para rebajar la factura eléctrica que paga el consumidor final que, sin embargo, no resuelven las debilidades estructurales del sistema. Las declaraciones del presidente Pedro Sánchez asegurando que cuando acabe 2021 los usuarios con un consumo medio de electricidad pagarán lo mismo que en 2018 (descontando el IPC) parecen más un desiderátum que un objetivo factible.

El Gobierno ha impulsado un plan de choque con medidas como la rebaja del IVA al 10%, la suspensión del impuesto a la generación eléctrica (7%) y la reducción del impuesto especial de la electricidad al mínimo que permite la regulación europea. También ha aprobado dos iniciativas legislativas: un proyecto de ley, en tramitación parlamentaria, que reduce los llamados 'beneficios caídos del cielo' de que gozan nucleares e hidroeléctricas, restándoles parte de los dividendos por los derechos de emisión de CO2; y un decreto ley, que se debate en el Congreso este jueves, que recorta los beneficios extraordinarios que a juicio del Gobierno reciben las eléctricas por el alza del gas. Esta última medida es la más polémica, porque parte de un supuesto que las compañías niegan (los ingresos extra que les atribuyen son un cálculo erróneo, asegura el sector). También el PNV reclama un cambio en la norma porque en su opinión perjudica a la industria, que acaba asumiendo el sobrecoste. Y como el voto de los nacionalistas vascos es clave para sacar adelante los Presupuestos, el Gobierno se ha abierto a modificar el decreto de la luz. El objetivo del plan de choque es bienintencionado y plausible, pero reducir el problema a una supuesta avaricia empresarial, como se ha hecho a veces desde el Ejecutivo de forma demagógica, es errar el foco. Si ha habido maniobras especulativas deben perseguirse, pero no así intervenir para reducir unos beneficios obtenidos según las reglas vigentes. Hay que reformar el mercado eléctrico, pero con unas herramientas que hagan viable el sistema.

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Respecto al nivel europeo, el otro frente donde España –aliada con países como Francia e Italia– combate el encarecimiento de la energía, con una propuesta de compras conjuntas de gas, Bruselas lo dejó en suspenso, al menos por ahora. Hay múltiples acciones que se pueden adoptar a nivel nacional, recordó la Comisión este miércoles. Y no todos los socios europeos llegan a esta crisis en igual situación (España decidió frenar las centrales nucleares, lo que tiene ahora sus efectos). Por último, sin llegar al extremo de culpar al pacto verde como han hecho Polonia y Hungría, y siendo más necesarias que nunca las políticas climáticas, hay que tener presente que la transición energética tiene sus costes y los gobiernos deberían ser más transparentes al explicarlo.