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Un escándalo catalán

¿Por qué el 'Consell' de TV-3, o el de Garanties Estatutàries, tienen su renovación todavía más atrasada que el Consejo General del Poder Judicial español?

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De izquierda a derecha, Saül Gordillo y Jaume Peral, responsables de Catalunya Ràdio y TVC, respectivamente, y Núria Llorach, presidenta de la CCMA.

De izquierda a derecha, Saül Gordillo y Jaume Peral, responsables de Catalunya Ràdio y TVC, respectivamente, y Núria Llorach, presidenta de la CCMA. / PARLAMENT DE CATALUNYA

Las críticas por la no renovación del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), que lleva ya un retraso de tres años, son abundantes y a menudo ocupan las portadas de los diarios. Lo mismo pasa con el Tribunal Constitucional, donde cuatro de sus doce miembros tienen su mandato caducado.

Pero un exhaustivo informe de Jose Rico, publicado el viernes en este diario, constataba que relevantes órganos catalanes están en la misma situación, o peor, que el CGPJ. La falta de renovación -con la subsecuente perduración de mandatos caducados- es la triste realidad de 20 órganos catalanes, donde 108 cargos con mandato agotado siguen en sus funciones y cobran sus emolumentos.

Sin embargo, esta grave anomalía catalana pasa casi como algo normal. Y no son órganos irrelevantes. Está, por ejemplo, el Consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que dirige TV3 y Catalunya Ràdio, cuyos teóricos siete miembros o han dimitido, sin ser sustituidos, o tienen el mandato caducado. Para la renovación se precisa una mayoría cualificada del Parlament, imposible desde hace seis años.

Así están también el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, con mandato agotado desde 2019, los seis miembros del Consell de Garanties Estatutàries (el Consejo de Estado catalán), y los siete de la Sindicatura de Comptes, que agotaron su mandato en 2017, 2018 y 2019.

Una explicación -en buena parte cierta- es que el 'procés' ha dinamitado los puentes entre independentistas y constitucionalistas y ha hecho imposible todo pacto

¿Cómo puede darse esta gran anomalía sin que el escándalo haga caer la cara de vergüenza al Parlament y a los partidos? Una explicación -en buena parte cierta- es que el 'procés' ha dinamitado los puentes entre independentistas y constitucionalistas y ha hecho imposible todo pacto. Sería una variante catalana de la incompatibilidad española entre el PP y el PSOE. En España no se renueva el CGPJ porque el PP no quiere perder la mayoría que obtuvo cuando era el primer partido, y en Catalunya ERC y Junts no consensuan nada porque ya les va bien que las cosas sigan como están.

¿Hay algo más? ¿Hay en Catalunya, a la que se le supone -y nos atribuimos- la virtud del pactismo, más espíritu tribal que de consenso? Que el nacionalismo no quiera renovar el Consell de la 'Corpo' para seguir mangoneando TV3 se explica por la 'mala política'. Pero que estén caducados desde 2017 y 2018 cargos del Consell Social de la Universitat de Lleida, o de la Rovira i Virgili de Tarragona, es más difícil de entender. ¿Y que racionalidad tiene, salvo la irracionalidad, que los seis miembros de la Junta de Museus de Catalunya tengan su mandato agotado?

Los columnistas catalanes somos muy críticos -muchas veces con razón- con la crispación y el partidismo que impera más allá del Ebro. Pero analizamos menos si la crispación -y el partidismo- son aquí iguales o peores.

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¿Peores? España tiene desde hace mucho una ley electoral que puede gustar o no -a mí no me gusta porque las listas tienden a hacer funcionarios de partido a los diputados electos-, pero tiene ley electoral. Desde hace más de 40 año el Estatut dice que la ley electoral catalana es competencia del Parlament, pero en los decenios pasados hemos hecho muchas leyes -incluso 'abolido' la Constitución española-, pero hemos sido incapaces de aprobar la ley electoral propia como Galicia o Andalucía.

Por eso todas las elecciones catalanas –plebiscitarias incluidas- se han hecho con la ley española. Y esto no es de ahora. Viene de cuando a Pujol no le interesó esta competencia. Así, somos capaces de proclamar la república, pero no de hacer una ley electoral catalana. ¿La culpa es de Madrid?