Agresión

Joaquim Coll

Historiador

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Fascismo en la UAB

Ante el ataque a S'ha Acabat es peor la actitud falsamente equidistante de la universidad, cuyo comunicado no explica nada, es incapaz de denunciar la violencia y diferenciar a las víctimas de los agresores

Concentración de grupos antifascistas en torno a un punto informativo de Se acabó en la plaza Cívica de la UAB.

Concentración de grupos antifascistas en torno a un punto informativo de Se acabó en la plaza Cívica de la UAB. / ACN

Las casetas informativas de los estudiantes constitucionalistas en la UAB son casi siempre objeto de agresión por parte de grupos separatistas de retórica ultraizquierdista (los cachorros de la CUP), que se proclaman propietarios del espacio público y se atribuyen el derecho a decidir quién pueden ocuparlo. Este miércoles en la plaza Cívica se repitió el esquema de otras veces. Decenas de personas se aproximaron con amenazas e insultos hacia la carpa de los jóvenes de S’ha Acabat, boicotearon su actividad con decibelios de música, después les robaron el material y sus símbolos, preferentemente la bandera española (para romperla o quemarla) y, finalmente, se produjo el asalto y el destrozo, que concluyó con el cántico del "Pim-pam-pum, que no en quedi ni un". Había unos guardias privados de seguridad que se interpusieron, pero fueron desbordados por los agresores, sin que los Mossos acudieran a la llamada de socorro, ya que el equipo rectoral no quiere que entren en la UAB. 

Lo sucedido es lamentable, pero peor es la actitud falsamente equidistante de la universidad, cuyo comunicado no explica nada, es incapaz de denunciar la violencia y diferenciar a las víctimas de los agresores. Es el mismo comunicado de siempre: el equipo de gobierno lamenta la “situación de tensión”, pero sin decir ni una palabra sobre quién coacciona, insulta, agrede y destroza. ¿Cobardía o complicidad? Es importante que recordar que el TSJC ratificó en 2019 la condena a la UAB por haber intentado expulsar a los jóvenes constitucionalistas como asociación inscrita en el directorio de colectivos, utilizando como excusa un trámite administrativo. Su exclusión de la comunidad universitaria les impedía desarrollar actividades en el campus, justamente lo que exigían los grupos separatistas. La anterior rectora, Margarita Arboix, se plegó a ese deseo y vulneró derechos fundamentales, como son la libertad de opinión y expresión. Y eso es tanto como acunar el fascismo de los violentos. El nuevo rector, Javier Lafuente, debería condenar sin paliativos los hechos y poner fin a las persecuciones ideológicas.

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