Periodista. Secretario del Comité Editorial de EL PERIÓDICO.
Rafael Jorba
Periodista. Secretario del Comité Editorial de EL PERIÓDICO.
Rafael Jorba
Casado con Puigdemont
Las estrategias de confrontación del líder del PP y del ‘expresident’ de la Generalitat, basadas en el principio de ‘cuanto peor, mejor’, se retroalimentan
Los extremos se tocan. También en política. Acabamos de comprobarlo con las declaraciones de Pablo Casado y de Carles Puigdemont sobre la cuestión catalana. Sus respectivas estrategias de la confrontación se retroalimentan. Sí, Casado con Puigdemont, en la acepción castellana del verbo. Con el telón de fondo del nuevo episodio judicial del que ha salido airoso el ‘expresident’ ante el tribunal de Sassari, el destinatario último de sus críticas ha sido el Gobierno de España y, en particular, su presidente, Pedro Sánchez.
“Es el momento de decirle a España, y lo diremos en italiano: ¡Basta!”, exclamó Puigdemont, avalando así su tesis de que la mano oculta del Gobierno español movía los hilos de la policía italiana en su detención en Cerdenya. “Traeremos a Puigdemont al Tribunal Supremo, aunque tengamos que viajar hasta el último país de Europa. Ya está bien de impunidad con los golpistas”, aseguró Casado en el mitin de la plaza de toros de Valencia que cerraba su ‘semana grande’. El presidente del PP sostenía la tesis contraria: Puigdemont se beneficia de la pasividad del Gobierno para salvar los presupuestos y la mesa de diálogo.
En el trasfondo de sus declaraciones se esconden verdades a medias que son peores que la mentira. Puigdemont olvida que las garantías de las que disfruta son el resultado de que España es una democracia plena, integrada en la UE y respetuosa de sus procedimientos, que le permitió en su día concurrir a unas elecciones europeas pese a su condición de prófugo. Y olvida Casado que la fuga de Puigdemont se produjo durante el mandato de Mariano Rajoy y que este tampoco pudo traerlo a España tras su detención en Alemania, en marzo del 2018, pese a su afinidad con Angela Merkel (ambos pertenecen al PPE). Y olvidan ambos, Puigdemont y Casado, la falta de sintonía entre el Gobierno y el poder judicial español, tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional.
En este contexto, las respectivas estrategias de Casado y de Puigdemont, basadas en el principio de ‘cuanto peor, mejor’, se retroalimentan. Así lo afirmó Eva Granados, socialista catalana forjada en el sindicalismo, en su aterrizaje en Madrid: “Tanto Casado como Puigdemont tienen un círculo que para ellos es virtuoso, pero que para el conjunto de los españoles es negativo”. “Cada declaración de Casado une más al independentismo y cada declaración del independentismo pone en cuestión la calidad democrática de España”, agregó.
“En España rige un Estado de Derecho. La justicia hace su trabajo, el Gobierno hace el suyo y tiene muy clara la hoja de ruta, pactada con el Gobierno catalán: la mesa de diálogo y del reencuentro”, resumió Eva Granados, nueva portavoz socialista en el Senado. El resultado de esta estrategia de la confrontación, auspiciada desde posiciones antitéticas por Casado y Puigdemont, alimenta la política emocional y la conflictividad en detrimento de la política deliberativa, es decir, el instrumento para encauzar de forma civilizada los conflictos por el que han optado tanto el presidente Sánchez como el ‘president’ Aragonès.
El margen de maniobra de la negociación se estrecha: la agenda identitaria desplaza a la competencial. ERC, presionada por el ‘legitimismo’ de Puigdemont y JxCat, sitúa en el frontispicio la amnistía y la autodeterminación, demandas que el PSOE, acusado de 'vendepatrias' por el PP y Vox, no puede atender por dos razones: la secesión no solo no casa con la Constitución sino que, como explica el federalista Stéphane Dion, “es un ejercicio, raro e inusitado en una democracia, por el que se elige a los conciudadanos que se desea conservar y a los que se desea convertir en extranjeros”.
Desde esta óptica, el escollo que afronta ahora el presidente Sánchez es el derivado de la llamada ‘estrategia del contentamiento’. Esta estrategia, como ha explicado el propio Dion –padre de la ley de Claridad canadiense–, puede ser razonable, pero deja de serlo cuando se empuja al límite: “Puesto que los secesionistas quieren todos los poderes, se les concederá una parte deseando que los menos radicales queden satisfechos (…) Dista de ser seguro que este razonamiento funcione. Los secesionistas reciben cada concesión, en forma de transferencias de poderes, como un paso más hacia la independencia”. Y aquí estamos, con Casado y Puigdemont alimentando la puja.
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