Otro asalto para Puigdemont

La defensa del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, consiguió ayer que ya sean cinco los países europeos cuyos tribunales han bloqueado los intentos del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de obtener su extradición, o la de los también eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí. Hasta ahora, un tribunal alemán la rechazó cuestionando el delito de sedición por el que se le perseguía entonces, en Bélgica fue suspendida por su condición de eurodiputado (al igual que en Francia) y el propio juez Llarena puso en suspenso su orden de detención ante la posibilidad de que un tribunal belga considerara que no era competente para juzgar a Puigdemont. Tampoco las autoridades judiciales o policiales escocesas y suizas han colaborado con la justicia española. Y ahora ha sido un tribunal italiano el que ha suspendido la extradición en espera de que que el TJUE se pronuncie sobre la retirada de la inmunidad por parte del Parlamento Europeo.  

Puigdemont celebró la decisión como si de una victoria casi definitiva se tratase. Es un nuevo varapalo para Llarena, efectivamente, y despeja casi definitivamente la posibilidad de que, a corto plazo, vea limitada su libertad de movimientos o sea trasladado a España. Pero no permite olvidar que el tribunal europeo aún debe refrendar o no la retirada de la inmunidad, o pronunciarse sobre la cuestión prejudicial presentada por Llarena con la intención de despejar de forma previa un posible cuestionamiento de su competencia, o de la posibilidad de que Puigdemont tenga un juicio justo en España. Dos procedimientos en los que una respuesta negativa sí supondría una desautorización en toda regla de la justicia española.

El expresidente Puigdemont espetó ayer un «basta» dirigido a «España». Efectivamente, el juez Llarena quizá debería concluir de su nuevo fracaso que sería más prudente cesar en los intentos de lograr la extradición de Puigdemont antes de que se despejen las cuestiones pendientes. Pero difícilmente puede el eurodiputado de JxCat exigir a España (¿a su Gobierno? ¿a sus tribunales?) que se desvanezcan los procesos judiciales a los que aún no se ha sometido, a diferencia de otros líderes del ‘procés’.  

Puigdemont acusó en su comparecencia al Estado español de no asumir la distinción necesaria entre los poderes Ejecutivo y judicial. Pero cuando sostiene que «España no ha obtenido ninguno de sus objetivos políticos», ¿a qué se refiere el ‘expresident’? ¿A los tribunales que pretenden que comparezcan ante ellos? ¿A los líderes de la derecha española que enardecen a los asistentes de sus mítines prometiendo que no cejarán hasta tenerlo ante un tribunal y después en una celda? ¿O al Gobierno español que vería con incomodidad una extradición que podría volver a incendiar la calle y pondría en extremo riesgo el proceso de diálogo y de normalización de la vida política en Catalunya? Cuando Puigdemont añade que «España utiliza el poder judicial» para conseguir que los líderes independentistas «estén encerrados en una prisión» tampoco parece que tenga la más mínima voluntad de distinguir entre quienes aprobaron un indulto a pesar de que acarrease un coste político imprevisible o quienes acusan al Ejecutivo de haber dejado en la calle a «golpistas». Y alcanza niveles de demonización del adversario fuera de medida al preguntar si el Gobierno español se plantea recurrir a métodos como los practicados por el GAL. 

Los traspiés de la justicia española siguen sucediéndose y los responsables de la instrucción de la causa contra Puigdemont, Comín y Ponsatí no parecen proclives al ejercicio de «autocrítica» que el primero reclama. Como es evidente que tampoco Puigdemont ha hecho la reflexión necesaria para basar su mensaje político en un análisis realista de la situación, y de las notables diferencias que residen entre tener al otro lado de la mesa a quienes exploran la reconciliación o a quienes agitan el resentimiento y no buscan más que la derrota incondicional del adversario a cualquier coste.