Hace falta que el diálogo funcione

Sabíamos que la vía del diálogo con la voluntad de acordar una salida democrática al conflicto entre Catalunya y el Estado era la buena vía. El grueso de la sociedad catalana se movía en esta dirección; los resultados de las elecciones al Parlament del pasado febrero avalaron este planteamiento. Un nuevo período de distensión se imponía y los indultos le darán un empujón crucial. Pero sabíamos también que recurrir a esta vía estaba cargado de intensos riesgos políticos para aquellos que apostasen por ella. Y estos días, con el incidente provocado por la detención del ‘president’ Puigdemont en L’Alguer, lo hemos vuelto a comprobar. Todos aquellos, tanto en el resto del Estado como en Catalunya, que están interesados en mantener enquistado por un largo tiempo el conflicto se frotaban las manos. Y a pesar de todo, si escuchamos estos días a los presidentes Aragonès y Sánchez, la vía del diálogo se mantiene. 

Sabemos también los límites que tienen las partes en este proceso. Es imprescindible tener unas expectativas razonables sobre lo que puede dar de sí la nueva dinámica a corto plazo. Los mismos presidentes lo certificaron después de la reunión de la Mesa de Diálogo. Venimos de donde venimos y estamos donde estamos. Ahora bien, para continuar avanzando y no fracasar en el intento, necesitamos alguna cosa más que tiempo y buena voluntad.

De entrada, será necesario que se mantengan la confianza y la fluidez entre Barcelona y Madrid para gobernar de manera inteligente los incidentes derivados de la judicialización. No es nada fácil para las dos partes. Los disparates de las causas judiciales y administrativas abiertas son muchas y mantienen en jaque permanente el diálogo político. A menudo los gobiernos solo podrán minimizar los daños, pero también, especialmente el Gobierno español, deberán volver a asumir riesgos para desactivar situaciones potencialmente explosivas.

Será necesario también que el diálogo en el resto de cuestiones no directamente vinculadas al núcleo del conflicto dé resultados tangibles y en el corto plazo. El proyecto de ley del sector audiovisual es un ejemplo muy obvio. El catalán necesita un marco estatal que impulse su presencia en el nuevo panorama audiovisual. El paradigma de los años 80, que situaba a los medios públicos de radio y televisión en el centro de la política de normalización lingüística, hace muchos años que está agotado y ahora existe la oportunidad de comenzar a recuperar el impulso a favor de la lengua. Del mismo modo, también debemos decir que no puede volver a pasar con la propuesta de ampliación de El Prat. El país necesita mejores infraestructuras, también aéreas, para garantizar el crecimiento económico imprescindible para crear riqueza, distribuirla de manera justa y hacerlo de manera coherente con la emergencia climática. Es muy evidente que ahora no se ha hecho bien y se debería volver a situar la cuestión aeroportuaria en el orden del día de las relaciones entre Madrid y Barcelona. O, finalmente, el debate de los presupuestos generales del Estado necesita una agenda catalana muy clara en términos de inversiones en infraestructuras, fondos europeos, políticas de apoyo al tejido productivo y a la red de investigación e innovación, pero también al Tercer Sector Social. Los votos catalanes no se pueden desperdiciar cuando vuelven a ser imprescindibles para aprobar las cuentas del Estado.

Y finalmente, será necesario también que los sectores maduros y responsables del socio de gobierno del presidente Aragonès hagan valer su peso interno y no se dejen arrastrar por el verbalismo estéril. No se puede afrontar toda esta nueva dinámica sin una mínima sintonía entre los socios de gobierno sobre la estrategia. Tampoco es fácil. La lógica competencia partidista entre dos fuerzas que compiten en un mismo espacio, las tentaciones de endosar a los ‘otros’ las decisiones y opciones más difíciles de explicar a los ‘nuestros’ y la realidad del exilio marcan también unos límites evidentes. Pero el país necesita que la vía del diálogo tenga éxito. No nos podemos permitir otro fracaso colectivo como fueron la apuesta del Estatut del ‘president’ Maragall y el desastre de la DUI del octubre de 2017. Y esto no depende solo del ‘president’ Aragonès.

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