Editorial Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

Una recuperación más justa

En el actual momento de crecimiento económico, la subida del salario mínimo ha de servir para reducir las desigualdades sociales

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Yolanda Díaz (izquierda), junto a Isabel Rodríguez y José Luis Escrivá, este 28 de septiembre de 2021 en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la Moncloa.

Yolanda Díaz (izquierda), junto a Isabel Rodríguez y José Luis Escrivá, este 28 de septiembre de 2021 en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la Moncloa. / EUROPA PRESS

La casualidad ha querido que la aprobación de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) coincida con un nuevo récord del precio de la electricidad. O quizá no tanta casualidad, visto que semana tras semana la luz bate máximos. Aunque ambas noticias, la subida del salario mínimo y la del recibo de la luz, sean independientes entre sí, las dos tienen un efecto directo en el bolsillo de muchos ciudadanos. En el caso del SMI, concretamente, de los 1,5 millones de trabajadores que cobran menos por su trabajo, principalmente de los sectores que durante los meses del confinamiento más duro se consideraron esenciales. Y aunque el encarecimiento de la luz se considere una situación coyuntural excepcional, y el Gobierno esté estudiando una solución para hacerlo menos gravoso para los contribuyentes, es fácil imaginar la repercusión que tiene en estos momentos una subida de un recibo doméstico en los hogares que ya llegan con dificultad a final de mes. Es en estas personas y otros colectivos vulnerables en quienes piensa el Gobierno cuando defiende que la recuperación económica que ya se está produciendo debe llegar a todos. La experiencia de la crisis financiera de 2008 ha de servir para no repetir errores, pues de aquella se salió con más pobreza y desigualdad social. Como estaba previsto, el salario mínimo subirá 15 euros, hasta los 965 euros en 14 pagas, con efecto retroactivo desde el 1 de septiembre. Una subida que no llega a cubrir el aumento del coste de la vida (la inflación de agosto alcanzó el 3,3%, mientras que el SMI lo hace el 1,6%), pero que es una declaración de intenciones del Ejecutivo, que reafirma su compromiso de cumplir el objetivo de que en 2023 el salario mínimo equivalga al 60% del salario medio.

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La subida del SMI ha sido pactada con los sindicatos, pero no con la patronal, que lamenta que ahora no es el momento adecuado para que las empresas afronten este coste. Algunas teorías resaltan que subir el salario mínimo conlleva efectos negativos en el empleo, como el freno a la creación de ocupación. Recientemente, el Banco de España apuntó a la posibilidad de estos efectos indeseados, si bien también destacó el papel del salario mínimo en la lucha contra la desigualdad. Varios estudios sostienen que, en periodos alcistas, subirlo es positivo para la economía. Y el PIB, aunque menos de lo previsto, está creciendo ( el 1,1% en el segundo trimestre del año respecto al primero). Es el momento de subir el SMI, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recalcó el pasado martes las dos grandes razones que respaldan esta decisión: por «justicia social» y porque «comporta un indudable beneficio económico». Ambas son igual de importantes y deben ser tenidas en cuenta si queremos avanzar hacia una economía justa y sostenible.

En el mismo Consejo de Ministros en que se dio luz verde a la subida del SMI se aprobó la prórroga de los ertes hasta el 28 de febrero. Otra de las medidas fundamentales para la recuperación. A diferencia de las prórrogas anteriores, la actual está más condicionada a la formación de los trabajadores afectados. Salió adelante, esta vez sí, con el acuerdo tanto de sindicatos como patronal. Afortunadamente, las discrepancias respecto al SMI no ensombrecieron el diálogo social hasta el punto de enturbiar también la carpeta de los ertes. Son muchos los temas económicos que quedan pendientes este otoño. La prioridad del diálogo y la búsqueda del consenso deberán transitar en todas las negociaciones con los agentes sociales.