El impuesto del 15% de Sánchez

La exigencia de Unidas Podemos de incluir en las Cuentas de 2022 el impuesto mínimo efectivo del 15% en el impuesto de Sociedades para las grandes empresas previsto en el acuerdo de legislatura va camino de convertirse en la estrella de la negociación presupuestaria entre los dos socios de Gobierno, que podría entrar esta semana en una fase decisiva. Eso, y la ya clásica petición morada de aplicar topes al coste de los alquileres en zonas con precios tensionados.

Hay resistencia en la parte socialista del equipo económico a introducir ya en 2022 una fiscalidad mínima para las sociedades. Igual que procedió con la subida en 15 euros del salario mínimo interprofesional, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, es partidaria de diferir al máximo los posibles aumentos de impuestos que, desde su análisis, pudieran frenar la recuperación en marcha. Existe otro argumento, al que acuden tanto Calviño como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: “dejemos que el grupo de trabajo para la reforma fiscal exponga sus conclusiones, a partir de febrero, y luego diseñaremos un marco amplio, con todas las reformas que haya que adoptar”, vienen a decir. Ambos argumentos ayudan a Calviño y a Montero a defender retrasar al 2023 la introducción de esta fiscalidad mínima del 15% para sociedades acordada por el conjunto de los países de la OCDE, del G20 y del G7 para su implantación a partir de 2022. 

Lo cierto es que el presidente Pedro Sánchez ya intentó su aprobación en el 2019. El fallido proyecto de Presupuestos para aquel año -que no logró ser aprobado por el portazo de ERC- incorporó una tributación mínima del 15% para sociedades con una facturación a partir de 20 millones y para los grupos empresariales. Se estimó entonces que la medida afectaría apenas a unas 10.000 empresas y que llevaría al Tesoro una recaudación adicional de unos 1.700 millones.

El Gobierno prevé que la economía española recuperará su nivel de actividad a principios de 2022. Habrá empresas que aún lo pasarán muy mal y se verán abocadas al cierre, pero el impuesto mínimo solo entraría en juego para aquellas con beneficios. Además, la liquidación del impuesto se produce con un año de retraso. Y todos estos son argumentos sobre la mesa para evaluar hasta qué punto una fiscalidad mínima del 15% para grupos empresariales que a veces tributan en el entorno del 1% pueden llegar a arruinar la recuperación o, por el contrario, pueden ayudarla a partir de los mayores ingresos que obtendría el Estado. 

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