Editorial Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

El destino de Puigdemont

El caso puede alimentar las posiciones extremas y torpedear los puentes del diálogo: preservarlos debe ser un reto compartido, en Madrid y en Barcelona

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Carles Puigdemont tras salir de la cárcel la tarde de este viernes en Cerdeña.

Carles Puigdemont tras salir de la cárcel la tarde de este viernes en Cerdeña. / GIANNI BIDDAU

Carles Puigdemont trata de situarse de nuevo en el centro del tablero político catalán. El expresident de la Generalitat fue detenido la noche del jueves en el aeropuerto de L’Alguer en aplicación de la euroorden dictada por España. El Tribunal de Apelación de Sassari, ante el que compareció telemáticamente este viernes, deberá decidir si inicia su proceso de extradición. Puigdemont, que volverá a declarar ante el juez el 4 de octubre, quedó en libertad sin medidas cautelares. Entre tanto, este nuevo episodio -ya fue detenido en Alemania en marzo de 2018- abre otro litigio judicial y trastoca la agenda política. Se evidencia de nuevo que los tiempos de la justicia y de la política no siempre coinciden.

En el plano jurídico, la justicia italiana debe terciar entre dos interpretaciones, diametralmente opuestas, que esgrimen el Tribunal Supremo y la defensa del expresident. Su abogado sostiene que la orden de detención y entrega, aunque estuviera activa, no es ejecutable porque el Tribunal General de la UE, el 30 de julio, levantó la inmunidad de Puigdemont alegando -tras no haber recibido información fidedigna de las autoridades españolas- que la euroorden había sido suspendida por España. El juez Pablo Llanera, instructor de la causa en el Supremo, asegura que la cuestión prejudicial que planteó solo afectaba al proceso abierto en Bélgica, pero no impedía que se pusiera en marcha un procedimiento si era detenido en otro país.

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La situación es confusa, se presta a lecturas dispares y plantea aún múltiples incógnitas. Hay dos frentes judiciales abiertos, en Italia y ante la propia justicia europea a la que ha recurrido de forma cautelar el ‘expresident’. Sin embargo, el impacto político de su detención fue inmediato, tanto en el plano institucional como, en menor medida, en la calle. El presidente Sánchez se escudó en la independencia judicial y reiteró su voluntad de que Puigdemont responda ante los tribunales. El ‘president’ Aragonès compareció para exigir su «puesta en libertad inmediata», reclamar la retirada de las euroórdenes e insistir en que la solución del «conflicto político» pasa por la amnistía y la autodeterminación.

Aragonès, que llegará hoy a Cerdeña, dijo que la detención del 'expresident' obligaba a los socios del Govern, ERC y JxCat, «a trabajar más cohesionados y unidos». Esta cohesión, de prosperar el proceso de la extradición del 'expresident', podría hacerse a costa de la vía dialogada por la que apuestan Aragonès y la dirección de Esquerra. Desde esta óptica, los daños colaterales de la detención de Puigdemont pueden alimentar las posiciones extremas -y antagónicas- en Catalunya y en el resto de España, desestabilizar la mesa de diálogo y restar margen de maniobra tanto a ERC como al presidente Sánchez, que necesita a los republicanos para mantener su mayoría parlamentaria y tramitar los Presupuestos.

Las interpretaciones suspicaces de lo sucedido, con el pulso entre el Gobierno y el poder judicial como telón de fondo, pueden ser alimentadas también desde Catalunya. Puigdemont, acostumbrado a hacer de la necesidad virtud, puede aprovechar el litigio para reforzar su debilitada posición. A inicios de septiembre envió una carta a los miembros del Consell per la República en la que advertía que la «confrontación con el Estado no se puede rehuir» y pedía combatir el relato que «intenta deconstruir la enorme hazaña del 1-O». El destino de Puigdemont, según cuál sea el desenlace del episodio sardo, puede torpedear los puentes del diálogo. Preservarlos debe ser un reto compartido, así en Madrid como en Barcelona.