La hora de la verdad para la política educativa

La educación suele suscitar encendidos debates mediáticos y alarmantes titulares pero sin embargo no es percibida como un problema para el 93% de los ciudadanos, según los sondeos del CIS. Algo no cuadra.

Hay un claro desajuste entre la crispación del debate público y tuitero en torno a los temas educativos y la percepción y evaluación real que hacen las familias sobre la experiencia escolar y académica de sus hijos y nietos. De media para todo el país, estas respondían con un notable de satisfacción antes de la pandemia. Muy lejos, pues, de esos titulares retorcidos de cierta prensa de parte que alimenta la guerra cultural e impide todo clima de diálogo sereno y riguroso sobre la educación española. Un clima que rompió Aznar en el lejano 2002 acusando a la escuela pública y a las reformas progresistas de todos los males del sistema. Son ya 20 años de lluvia ácida y falsa pero muy corrosiva.

Sin duda, la buena respuesta de los centros y equipos docentes durante el pasado curso de pandemia así como la millonaria inversión para el refuerzo urgente que inyectó la ministra Celaá a las autonomías habrán ayudado a ratificar ese notable que conceden las familias. Es más, con la pandemia la sociedad ha tomado más conciencia de las necesidades de inversión y modernización de nuestro sistema educativo.

Ha cambiado el marco general. Más de lo que se creen algunos. La ciudadanía ya no compra que se ideologice la educación ni tampoco acepta ya el discurso catastrofista y reaccionario de las derechas con sus acusaciones de adoctrinamiento imaginario y otras obsesiones que ya fatigan y son repetitivas. Convencerán a su parroquia pero no pueden ampliar más su perímetro. Al revés, sus 'fakes' y ataques desmedidos contra la LOMLOE y contra medidas justas como reducir la repetición y personalizar el aprendizaje con más apoyos y recursos, dejan de ser creíbles y los desacreditan cuanto más lo repitan.

Cerca de la mitad de las madres con hijos en edad escolar cuentan ya con estudios superiores. Creen más lo que diga y recomiende la OCDE que un tertuliano o un político exaltado y maleducado. Han comprobado que la escuela de sus hijos ha resistido a la pandemia como un servicio público profesional y solvente pero al límite porque se ha notado el recorte de 9.000 millones entre 2012 y 2018 que nos dejó en herencia el PP y cuyos efectos perduran. Los hechos son los que cuentan, no los cuentos y mentiras.

Ahora han visto que las ratios existentes son insoportables, que la escuela pública no puede ser abandonada a su suerte, que hay que digitalizar más y mejor los centros, que los temarios se pueden reducir o combinar en proyectos con aprendizajes más sustantivos y que sus hijos no son simples máquinas de rendimiento, sino personas en construcción que también requieren apoyo y socialización emocional y ser evaluados por sus competencias y capacidades de superación, no solo por su memorística.

Ha cambiado el 'frame' perceptivo con que la sociedad percibe su sistema educativo, sus necesidades inmediatas y las posibilidades de cambio y modernización que no se pueden postergar por más tiempo. Lo inadmisible es que 20.000 alumnos se queden sin plaza de FP este curso que empieza, tanto en Madrid como en Catalunya. Conculca su derecho a la educación y pone de manifiesto nuestro verdadero talón de Aquiles: una calidad deficiente de la gobernanza y planificación educativa de ciertas administraciones. Quizás el ruido mediático y de banderas, tanto allí como aquí, haya servido para tapar esa debilidad de fondo tan poco ejemplar.

La calidad de la educación no depende tanto de la calidad de su profesorado, que también, sino sobre todo de la calidad de los gestores y decisores de la política educativa. Este curso marca el inicio de una nueva época en educación. Es la hora de la verdad para la política educativa. De demostrar con hechos quién apuesta en serio por la educación como motor eficiente de transformación y progreso y quién vive de atacarla y gestionarla con desdén y falta de respeto. Y esto último tendrá su coste electoral porque, tras la pandemia, tratar mal a la escuela ya se ha convertido en algo moralmente inaceptable para la mayoría. Y es un avance social que no tiene vuelta atrás.

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