Editorial Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

La otra hoja de ruta

El retorno a la prioridad en la gestión de los intereses comunes es una buena noticia. Pero debe tener concreciones más pronto que tarde

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Pere Aragonès y Jordi Puigneró, a su llegada a la reunión semanal del Govern.

Pere Aragonès y Jordi Puigneró, a su llegada a la reunión semanal del Govern. / EFE / MARTA PÉREZ

Que el independentismo con responsabilidades de gobierno -otra cosa es el atrincherado en posiciones simbólicas o en la confortable oposición interna o externa al Govern- vive en una nueva fase en la que corresponde tocar de pies en el suelo tuvo este martes otra muestra en la exposición pública del plan del Ejecutivo de Pere Aragonès. El conjunto de medidas que desplegar durante la legislatura que arranca constituye la hoja de ruta definida por el acuerdo entre ERC y JxCat y los compromisos parlamentarios contraídos con la CUP. Esta expresión, tan desgastada por otra parte en los últimos años, no tiene por qué tener como ha sucedido a lo largo del ‘procés’ un significado unívoco, la determinación de los pasos para conseguir la independencia mientras la gestión de los intereses concretos de la sociedad catalana eran relegados, o abiertamente desdeñados por quienes presumían de no estar en el Palau de la Generalitat para gestionar una autonomía. Solemnizar esta hoja de ruta -paralela a la de los objetivos soberanistas en el discurso formal del Govern, alternativa en la práctica durante un mientras tanto indefinido- demuestra hasta qué punto la irrupción de nuevas necesidades y prioridades no deja otra alternativa que reivindicar la gestión y la planificación de un futuro real y no hipotético.

El plan de Govern presentado este martes fía la posibilidad de financiar algunas de sus medidas más ambiciosas a una previsión optimista de crecimiento, no muy distinta por otra parte de las que maneja el Gobierno central en sus previsiones presupuestarias. Y en ella destacan la apuesta por la política pública de vivienda, con 1.000 millones de euros de inversión, un plan de rescate social dotado con 700 millones de euros o la dotación de 5.000 millones de euros en cinco años para la Sanidad, con el foco centrado en la castigadísima atención primaria. Aunque muchas de las medidas no sean exactamente cuantificables ni tengan un respaldo presupuestario claro, la filosofía del plan es que se puedan rendir cuentas de su cumplimiento efectivo al término de la legislatura.

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El retorno a la gestión de los intereses comunes es una buena noticia. Pero no está de más no olvidar que las elecciones de las que surge el actual Govern se celebraron hace ya siete meses. Y aunque el calendario ha quedado evidentemente condicionado por el accidentado proceso de negociación de la investidura de Pere Aragonès y las urgencias impuestas por la atención a la pandemia del covid, más pronto que tarde debe empezar esa rendición de cuentas. Si hablamos de gestión concreta y real, los plazos indefinidos no sirven.