Editorial Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

El salario mínimo y el diálogo

El desenganche de la patronal en el acuerdo de subida del SMI no debería afectar a otros asuntos de la agenda económica, como la reforma laboral y las pensiones

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La vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz

La vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz / JOSE LUIS ROCA (Delegaciones)

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) se ha aprobado con el primer 'no' de la patronal al Gobierno en esta legislatura. Si la pandemia facilitó el acercamiento de posturas en acuerdos claves para la economía del país, como las prórrogas de los ertes, la progresiva vuelta a la normalidad ha rescatado las desavenencias de otros tiempos. En este caso, el desacuerdo con los empresarios no ha sido un obstáculo mayor para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, porque entre sus potestades está fijar el salario mínimo libremente. Sin embargo, el desenganche de la patronal no es un buen punto de partida para el resto de temas candentes del diálogo social, principalmente la reforma laboral y de las pensiones, que deben abordarse también este otoño, con la presión de cumplir los compromisos ante Bruselas para que España siga recibiendo los fondos de recuperación.

La negociación del SMI ha presentado un escenario bien distinto a la de los ertes de la pandemia, donde, si bien a última hora, siempre ha sido posible un acuerdo entre todos los agentes sociales para prorrogarlos. Claro que en los ertes no había discrepancias sobre los efectos de esta medida económica, que fundamentalmente se nutre de recursos públicos. Caso distinto es el salario mínimo, con visiones antagónicas de las partes sobre cómo repercutirá en el empleo en estos momentos una subida que se trasladará a los costes laborales que afrontan las empresas. La rotunda negativa de la patronal a la más mínima subida este año daba escaso margen al Gobierno, que en su acuerdo de coalición lleva el compromiso de aumentarlo, y que ya lo había congelado en enero pasado. Así que finalmente solo los sindicatos han bendecido incrementar los sueldos más bajos 15 euros mensuales, hasta los 965 euros. Es menos que lo que pedían las centrales, que recuerdan que la subida, del 1,6%, es inferior a la del IPC (3,3% en agosto), y que dan un voto de confianza al Ejecutivo para que en 2023 el SMI sea de 1.050 euros, equivalente al 60% del salario medio.

La CEOE advierte de los efectos perniciosos que puede tener sobre el mercado laboral una subida del SMI. Recalca que su oposición no es tanto a la subida en sí, sino al momento. Ahora, dice la patronal, los sectores más afectados por el SMI (hostelería, comercio) no pueden asumir esta carga adicional, porque son los que se están recuperando más lentamente de la crisis. Y advierten de que son pymes, no grandes empresas, las que lo afrontarán. Según esta visión se podría acabar perjudicando la creación de empleo. Se trata de un argumento débil en el entorno de crecimiento económico en el que nos encontramos y que debería llegar a todas las capas de la población. No subir el SMI –mientras los convenios sí están aplicando subidas salariales– ahondaría en la desigualdad. Y si hay colectivos a los que puede perjudicar su subida, como los jóvenes y mayores de 45 años, acaso haya que mejorar la formación de estos, como apuntó el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. La mejora en la calidad del empleo incide directamente en la mejora de la productividad.

El Gobierno ha sacado adelante la subida del SMI, pero sin la patronal. De nuevo ambos volverán a sentarse a la mesa con los sindicatos para hablar de la reforma laboral –que debería reducir la temporalidad– y del sistema de pensiones –con el mecanismo de equidad intergeneracional aún por concretar–. El desencuentro sobre el SMI no debería empañar esas negociaciones, que requieren mano izquierda por parte de todos. Lo que menos conviene en estos momentos es la ruptura del diálogo social.