Apunte
Concurso de acreedores y muerte
Aún estamos a tiempo de evitar que los procedimientos de insolvencia acaben en su mayoría en la liquidación de los negocios
Agustí Sala
Redactor jefe de Economía
Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School
La filosofía de la directiva comunitaria sobre insolvencias apunta a facilitar la supervivencia de las empresas viables que atraviesan dificultades. Es decir, que lo coyuntural no mate un negocio que, estructuralmente, podría tener futuro. Lo cierto es que la normativa española, tras varias reformas, no ha logrado esos objetivos. Y es que 95 de cada 100 concursos de acreedores acaban en la actualidad con la empresa afectada en liquidación y además con procesos largos con una duración media de cuatro o cinco años, como recordaba esta semana Bárbara Pitarque, autora de una guía para ayudar a las empresas en dificultades a tomar decisiones para evitar el cierre, editada por el Registro de Economistas Forenses (Refor), del Consejo Genral d Economistas, presentada en Foment del Treball.
El anteproyecto de reforma concursal con la transposición de la directiva europea aprobado el mes pasado por el Gobierno no ha acabado de convencer a los sectores afectados que, a su vez, dudan de que permita paliar uno de los mayores defectos de la legislación actual: la ineficiencia al salvar negocios que podrían ser viables. Llama la atención que no se primen las soluciones alternativas al concurso de acreedores. También es destacable que se mantengan los privilegios de los créditos públicos (Seguridad Social y Hacienda) lo que se desvía de la doctrina del Tribunal Supremo y de la directiva comunitaria. Al regular, la Administración hace el papel del que parte y reparte.
El objetivo esencial ha de ser que las empresas que atraviesan dificultades coyunturales puedan seguir, no rematarlas o poner trabas que les impidan salvarse. Decía algún empresario hace tiempo que en este país recurrir a un concurso casi te convierte en un apestado al que nadie le da crédito. Las cosas no han mejorado mucho y, según opinan los expertos, tampoco parece que vayan a hacerlo con la reforma prevista. Pero aún no es definitiva. En la tramitación, aún estamos a tiempo de evitar que los concursos desemboquen inexorablemente en la muerte de los negocios.
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