El impuesto del CO2: El peaje de tener coche en Catalunya

Ahora que todos los conductores celebran el final de buena parte de los peajes de las autopistas catalanas, resulta que en Catalunya se estrena el nuevo impuesto sobre las emisiones de CO₂ de los vehículos de tracción mecánica. Este nuevo tributo grava los turismos, furgonetas y motocicletas de las personas residentes en Catalunya, en función del nivel de emisiones de dióxido de carbono que producen. Por este motivo, quedan excluidos los vehículos eléctricos y los de bajas emisiones.

Aunque se comienza a exigir ahora, este impuesto fue creado en 2017 por la ley catalana del cambio climático impulsada por el Govern de Puigdemont, pero fue inmediatamente recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Rajoy, teniendo que esperar a su pronunciamiento favorable para que pudiera entrar en vigor. Ciertamente, el alto tribunal, mediante sentencia del 25 de julio de 2019, declaró la constitucionalidad de este impuesto ya que no vulnera la prohibición de doble imposición con otros tributos estatales o locales, dada su finalidad extrafiscal de protección del medio ambiente.

Precisamente, esta fue la razón esgrimida por el Govern a la hora de crear el nuevo impuesto, luchar contra los efectos perjudiciales del cambio climático a través de la imposición directa sobre las emisiones de gases con efecto invernadero, en este caso, de los vehículos con motor de combustión, y así favorecer su reducción.

El último informe de las Naciones Unidas sobre el cambio climático es demoledor, hasta el punto de que denuncia que algunos de sus efectos ya son irreversibles. En este contexto, es evidente que se necesitan medidas urgentes para combatir la situación de emergencia climática. Muchos gobiernos, en este sentido, han decidido implementar medidas en el ámbito de la fiscalidad ya que, de acuerdo con muchos estudios, la obligación de pagar impuestos puede provocar un cambio de hábitos de los sujetos. Bajo la máxima de 'quien contamina, paga' se busca reducir las actividades contaminantes por encima del puro interés recaudatorio. Si eso fuera así, a medida que se reduzca el hecho gravado que contamina, también debería disminuir el importe de las cuotas recaudadas. 

Si bien es cierto que buena parte de la contaminación proviene de actividades relacionadas con la industria y el transporte, siendo sus titulares los principales destinatarios de los nuevos gravámenes medioambientales, esta también depende del comportamiento de los ciudadanos y, especialmente, de sus hábitos de consumo. Es aquí donde una carga impositiva adecuada puede hacer cambiar radicalmente las cosas. Dejar de consumir o consumir con responsabilidad medioambiental puede provocar grandes cambios en los procesos productivos y logísticos hasta ahora contaminantes. Aunque, para que eso sea así, no es suficiente con solo 'castigar' a los consumidores con nuevos impuestos sino que es necesario darles alternativas, de lo contrario serán cautivos de unas nuevas figuras tributarias que, a pesar de su buena intención, resultarán ineludibles.

Este sería el caso del nuevo impuesto catalán, ya que, aunque quiere desincentivar el uso de vehículos contaminantes, es evidente que cambiar de coche no es algo que se haga de forma inmediata, ni está al alcance de todos, ni la propia industria del automóvil está preparada. Por tanto, aunque muchos de los propietarios estén de acuerdo con no contaminar, pasarán años hasta que compren un coche nuevo no contaminante. Según datos del sector, solo el 2% de los turismos matriculados en España son eléctricos o híbridos.

Por tanto, aunque la pretendida finalidad del impuesto sería reducir las emisiones contaminantes de los vehículos con motores de combustión, lo cierto es que no provocará un cambio rápido y generalizado del parque automovilístico catalán, de manera que la mayoría de los propietarios de los vehículos contaminantes deberán pagar este impuesto durante bastante tiempo. Así, ya no queda tan claro si el objetivo principal es reducir las emisiones u obtener nuevos recursos con el pretexto de la lucha contra el cambio climático. Se trata del mismo contrasentido de poner un impuesto a las emisiones de los aviones comerciales para reducirlas y anunciar después la ampliación del aeropuerto, ¿les suena?

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