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Conflicto irresoluble, diálogo inagotable

Estamos ante un empate de impotencias. Ni el secesionismo tiene fuerza para imponer la autodeterminación ni el constitucionalismo puede obviar que hay un problema que hasta ahora ha causado un daño institucional considerable

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. / Ferran Nadeu

A estas alturas conviene aceptar que el llamado conflicto sobre el futuro político de Catalunya que los gobiernos de España y la Generalitat quieren encauzar a través del diálogo es irresoluble. Parafraseando a Ortega y Gasset solo se puede “conllevar”. Para los independentistas el único sentido de esa mesa es poner las bases para la celebración de un referéndum de autodeterminación. En cambio, ningún Gobierno español, sea del partido que sea, puede abrir la puerta a un proceso de secesión sin antes o en paralelo iniciar una reforma agravada de la Constitución tan compleja como de casi imposible culminación a medio plazo. Además, pese a las duras acusaciones del PP, tampoco el PSOE va a poner nunca la unidad territorial en el mercado de la negociación, aunque por razones de dependencia en el Congreso se preste a escuchar a ERC, pero dejando muy claro que tanto la amnistía como el referéndum son infranqueables. Así pues, estamos ante un problema sin solución ni desde el diálogo, ni por la vía unilateral, como quedó demostrado en 2017. 

Estamos ante un empate de impotencias. Ni el secesionismo tiene fuerza para imponer la autodeterminación, aunque pueda seguir haciendo ruido, ni el constitucionalismo puede obviar que hay un problema que hasta ahora ha causado un daño institucional considerable. Por tanto, la receta de Pedro Sánchez a favor de un diálogo “sin pausa pero sin prisas ni plazos” resume bien la estrategia por encapsular un conflicto irresoluble que no solo perjudica a la sociedad catalana, la fractura y la merma económicamente, como se ha visto tras una década de 'procés', sino que es una piedra que complica mucho la gobernabilidad en España. La buena noticia es que, en el encuentro entre ambos presidentes en Barcelona, Pere Aragonès aceptó quitar plazos a la negociación, para que la mesa no tenga un horizonte solo de dos años, si bien no pudo dejar de exigir “concreciones y avances” para sus reivindicaciones. Se trata de una declaración suficientemente ambigua para seguir durante mucho tiempo acariciando un diálogo inagotable si ERC obtiene resultados beneficiosos, o interrumpirlo en el momento que sea si ve peligrar su posición como primera fuerza independentista, frente a la hostilidad de Junts y la CUP. A la vista de la espantada que los republicanos han hecho con el proyecto de ampliación del aeropuerto, sin olvidar la doblez política de Oriol Junqueras, no habría que hacerse tampoco muchas ilusiones. 

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Es imposible aventurar qué sucederá cuando Aragonès tenga que someterse a la moción de confianza que pactó con la CUP para lograr la investidura, como tampoco el escenario que se abriría si PP y Vox sumasen mayoría absoluta en las próximas elecciones. Por ahora lo único cierto es que el líder socialista está logrando que la Generalitat vuelva a sentarse en las comisiones bilaterales con el Estado, no desprecie la reforma del modelo de financiación aunque todavía no quiera participar en su negociación, y entre en un camino de mayor lealtad institucional. Sánchez también ha conseguido que sus socios de gobierno, Unidas Podemos, abandonen la propuesta que hasta ahora hacían de consulta sobre el derecho a decidir. La descartan porque, afirman, “ahora no se dan las condiciones” y porque, como tan descriptivamente ha dicho la alcaldesa Ada Colau, “la gente ya no está para tonterías”. Socialistas y morados han exhibido unidad ante la mesa de diálogo, a diferencia de la sonora fractura que se ha producido dentro del Govern, con una delegación en la que solo ha estado representada ERC, perdiendo 'stricto sensu' el carácter de encuentro entre gobiernos. Si Junts no se suma más adelante a ese diálogo, sino que lo censura con dureza, el Govern podría romperse, aunque por ahora ninguno de los dos tenga incentivos para hacerlo, entre otras razones porque la ley marca que ha de pasar un año desde que se invistió nuevo president para convocar elecciones. El momento crítico tanto para Sánchez como para Aragonès será la aprobación de sus respectivos Presupuestos. En el Congreso, el apoyo de ERC se da por seguro, y en el Parlament el PSC de Salvador Illa se muestra dispuesto a negociarlos si Aragonès pierde el sostén de la CUP. Para sortear conflictos irresolubles, lo sensato es siempre el diálogo paciente y la política práctica.