El prólogo de los desahucios

El otoño que se avecina no trae buenas noticias en materia de vivienda. Cuando los socios de Gobierno todavía andan embarrancados en la aprobación de una ley, debido básicamente a la falta de acuerdo sobre la limitación de precios, las primeras alarmas apuntan a un incremento de los desahucios en el corto y medio plazo. Si la tendencia general durante el primer año de pandemia fue frenarlos, mediante moratorias e incluso debido al parón de la actividad judicial durante el confinamiento, ahora se está detectando una reanudación de los procedimientos que podría llevar al primer repunte de desalojos de viviendas desde 2015.

El desahucio es el último capítulo, y el más dramático, de un procedimiento por impago (de hipoteca o alquiler) que suele ser largo y desgastador. Es largo porque la ley y las administraciones ofrecen diferentes plazos y mecanismos a los afectados para intentar detener o posponer ese desenlace, aunque, como lamentablemente vemos con más frecuencia de la deseable, esto no siempre es posible. Lo que permite vaticinar un aumento de desahucios (o lo que en términos jurídicos se define como lanzamientos) es el incremento de los embargos, que es el paso previo a todo este proceso. Entre abril y junio, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas físicas se multiplicaron por 3,5 hasta alcanzar los 3.243 en el caso de las primeras residencias (el 1% más que el trimestre anterior y el 253% más que el mismo periodo de 2020). Una preocupante curva ascendente.

Claro está que un embargo no tiene por qué acabar en desahucio, pero obliga a actuar con celeridad antes de agotar el plazo sin haber ofrecido una alternativa al afectado. Siendo justos, no se puede acusar a los diferentes gobiernos de no haber actuado para intentar solventar este problema: el Ejecutivo de Pedro Sánchez amplió hasta 2024 la moratoria que impide los desahucios hipotecarios a ciertos colectivos, y lo extendió a nuevos beneficiarios, y también prohibió los desahucios del alquiler hasta el próximo 31 de octubre; el Govern de Pere Aragonès, por su parte, anunció que la Generalitat pagará el alquiler de familias vulnerables a punto de ser desalojadas, y los servicios sociales de los ayuntamientos destinan también importantes recursos a la crisis habitacional. Sin embargo, el goteo de casos no se detiene. Este mismo martes se evitó in extremis un lanzamiento en el barrio de Hostafrancs, de Barcelona, aunque posiblemente uno de los más clamorosos sea el de la mujer de Badalona que acabó en la calle con sus tres hijos, uno de ellos con leucemia, a quienes solo la solidaridad vecinal arropó. No puede dejarse a la buena voluntad de la ciudadanía la solución de un problema que merece una actuación más contundente por parte de los poderes públicos. Valgan dos datos para mostrar que la respuesta se está quedando corta: en el caso de las hipotecas, las moratorias solo han alcanzado un 10% del volumen del crédito en vigor y sus plazos son insuficientes, lamenta la asociación de usuarios de banca Adicae; y en Barcelona, hay 600 familias en lista de espera en la mesa de emergencia habitacional. No se trata solo de que es pronto para retirar el escudo social (una nueva ampliación de las moratorias sería una buena opción) sino que, en el caso de la vivienda, llueve sobre mojado. Además de soluciones inmediatas, es precisa una ley de vivienda que ponga orden en un tema que no es solo una cuestión de mercado sino también un derecho.