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¿Por qué el PP no quiere renovar?

Los 1.000 días de más del Consejo General del Poder Judicial muestran la politización de la justicia. Lo importante es que se respete el Estado de derecho y se cumplan las leyes

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Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial

Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial / JOSE LUIS ROCA

El Supremo de Estados Unidos acaba de decidir no frenar la ‘ley del latido’ de Texas que no solo prohíbe el aborto (solo lo admite las seis primeras semanas), sino que premia la delación ciudadana con 10.000 dólares. La prensa americana señala que la decisión por 5 a 4 (el Supremo tiene 9 magistrados vitalicios) es un triunfo de los jueces conservadores, reforzados por los nombramientos de Trump. Pasa en la mayor democracia del mundo. Es imposible evitar la politización de la justicia pues los jueces no son ángeles. 

Entre justicia y política, la primera exigencia no debe ser pues pedir imposibles, sino el respeto del Estado de derecho, que se cumplan las leyes. Y eso es desgraciadamente lo que el PP está impidiendo ahora en España. La ley dice que el mandato de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es de cinco años. Sin embargo, el PP, que tiene mayoría en el actual Consejo, lleva dos años y nueve meses más impidiendo la renovación. Así sus 20 miembros acumulan 1.000 días más de mandato (y sus correspondientes emolumentos).  

Es así porque para la renovación, la Constitución con el fin de garantizar la máxima pluralidad exige una mayoría muy cualificada de tres quintos del Congreso y del Senado, y porque los constituyentes nunca imaginaron que los dos grandes partidos -entonces UCD y PSOE- serían incapaces de ese acuerdo.

No ha sido así, pero nunca se había llegado a un retraso tan descomunal. Y para forzar la renovación el PSOE hizo una ley que impide que un CGPJ en funciones nombre a magistrados del Supremo (hay ya 11 vacantes sobre 79). El primer acuerdo se vino abajo porque el portavoz del PP en el Senado dijo por escrito que era un pacto muy bueno porque, con Marchena como presidente del CGPJ, el partido controlaría la Sala de lo Penal (la que juzga a los políticos aforados) por la puerta de detrás. Naturalmente Marchena renunció. 

Luego Pablo Casado dijo que Podemos debía ser excluido de la negociación. Más tarde que Ricardo de Prada, el ponente de la sentencia que facilitó la moción de censura contra Rajoy, no era aceptable. Ahora que los 12 jueces de los 20 miembros del Consejo no deben ser elegidos por las Cortes -como ha pasado gobernado el PSOE o el PP- sino que es condición un pacto previo para cambiar la ley y que estos 12 sean elegidos solo por los jueces.

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La única conclusión posible es que el PP no quiere renovar el Consejo porque los jueces conservadores perderían peso respecto a los progresistas propuestos por el PSOE (como pasa, por ejemplo, en el Supremo americano según nombre un presidente demócrata o republicano). Casado no quiere cambios y prefiere que el Consejo se renueve cuando el PP vuelva a tener mayoría. Y para ello no duda en incumplir reiteradamente la Constitución, lo que tanto criticaba al independentismo. 

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El PP también puede tener miedo. Si con este CGPJ Rajoy dejó de ser presidente por una sentencia, ¿qué podría pasar con un CGPJ menos próximo? Y viendo cómo Fernández Díaz, muy fiel al PP, ha recurrido la decisión judicial de ‘encapsular’ los delitos de la ‘Kitchen’ en Interior, dice que Bárcenas no era tesorero de su ministerio sino del PP y apunta a Dolores de Cospedal…

Esther Giménez-Salinas, que estuvo en el CGPJ propuesta por CiU y fue rectora de la Ramon Llull, dice que ahora la única solución sería una dimisión colectiva de los 20 miembros del Consejo. Tiene razón, pero seguro que Lesmes, el presidente del Consejo, que critica los 1.000 días -y los indultos- no está por la labor.