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El PP quiere seguir gobernando en diferido

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El PP quiere seguir gobernando en diferido

Este lunes se inicia el curso judicial con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y demás órganos constitucionales sin el acuerdo necesario entre Gobierno y oposición para renovarlos, a excepción de la dirección de RTVE. Hace un año, Carlos Lesmes, quien preside de forma prorrogada el gobierno de los jueces y el Tribunal Supremo, afirmó que la no renovación era una "seria anomalía". Es de suponer que, un año más tarde, continuará denunciando la falta de compromiso de los partidos con su deber constitucional. Y es que Pablo Casado ha considerado que el desgaste por incurrir en esta desobediencia constitucional es menor que sentarse con el Gobierno para renovar los órganos que hace más de cuatro años que rigen en interinidad. 

Un 'whatsapp' tuvo la culpa. Hay que recordar que el PP en el 2018 llegó a un acuerdo con el PSOE para que Manuel Marchena presidiera el órgano renovado. Pero Ignacio Cosidó, senador del PP, tuvo la necesidad de presumir mediante un mensaje del control de su partido sobre los tribunales y aquello precipitaría la negativa de Marchena a aceptar el cargo y el intento fallido de renovación.

Por eso, resulta sonrojante que ahora sea el PP quien diga defender la independencia del poder judicial, el partido del control por "detrás de la sala segunda" o la de "esto te lo afina la fiscalía". Y desde el intento fallido de Marchena, el PP azorado entre la responsabilidad de una oposición de estado y la presión de una ultraderecha que no para de crecer a costa del naufragio de Cs y la moderación popular, ha considerado que la mejor estrategia contra el PSOE es la de negación absoluta de sentarse a negociar lo que marca la ley y la Constitución. En palabras de Casado "pierdan toda esperanza". 

El PP quiere seguir gobernando en diferido. / Veronica Fumanal

La hemeroteca

Pero una cosa es la estrategia y otra bien distinta es el relato. Si el PP tiene clara la primera: no dialogar con el Gobierno ni si quiera para renovar los órganos constitucionales, la segunda ha ido variando en función de la coyuntura sin importar cual fue la última excusa. Les recuerdo algunas de las más utilizadas. La primera fue a cuenta de Dolores Delgado en su papel de ministra: el PP llegó a decir que era “la ministra más sucia políticamente” en noviembre del 2018. Delgado ha sido una excusa recurrente, porque cuando en el 2020 fue designada como fiscal general del Estado, el PP afirmó que aquel nombramiento era el motivo para no renovar los órganos constitucionales.

En febrero del 2021, el PP volvió a cambiar el argumento y afirmó que el escollo fundamental era Unidas Podemos o Pablo Iglesias, en función del día. Los populares afirmaron que no se sentarían con el Gobierno si no sacrificaban en la negociación la parte morada. Durante este verano, el PP ha virado otra vez el argumento. Defienden una reforma de la ley para que el CGPJ sea elegido por los jueces, como durante el periodo de 1980 a 1985. Finalmente, este septiembre el PP ha vuelto a cambiar el relato: ahora es Félix Bolaños, nuevo ministro de la Presidencia, válido interlocutor hasta su nombramiento, y por lo que parece, ahora principal culpable de que no haya renovación, por sus declaraciones en una entrevista en la Cadena Ser en la que afirmó que a los jueces y a los políticos los eligen los ciudadanos. 

Una realidad tozuda

Esta pequeña muestra de hemeroteca evidencia una realidad tozuda: el PP no quiere negociar la renovación de los órganos constitucionales, entre los que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas, entre otros, porque son los suyos los que están en ellos, porque son personas que fueron nombradas mediante un acuerdo con el PSOE, mientras ellos gobernaban, manteniendo en la actualidad unas mayorías conservadoras que las urnas les han quitado.

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Por lo tanto, no es que quieran la independencia judicial, lo que pretenden es seguir gobernando ellos cuando los españoles les quitaron la mayoría parlamentaria para hacerlo. Podría dimitir Lesmes, pero no lo va a hacer. Podrían dimitir la mitad de los miembros del CGPJ, pero no lo van a hacer. Y es que la propuesta de Jueces y Juezas por la Democracia ha caído en saco roto, porque los integrantes del órgano no quieren asumir la responsabilidad que, según la ley, corresponde a los partidos. 

Por último, cabe defender la ley actual, la que rige desde 1985 y que obliga a los dos principales partidos a ponerse de acuerdo. Este método de elección permite que los perfiles elegidos no estén absolutamente escorados ideológicamente, que aquellos jueces y juezas que no están en ninguna de las principales asociaciones tengan una oportunidad de llegar al CGPJ, que no se dinamiten todos los puentes y exista un consenso mínimo sobre algunos órganos que deben estar por encima de las guerras partidistas; y por último, permite que en un ámbito con amplios sectores conservadores progresen personas con visiones diferentes y sensibilidades minoritarias. Pero claro, el PP quiere seguir gobernando en diferido.