Investigar a Juan Carlos I

El abogado de Juan Carlos I, el penalista Javier Sánchez-Junco, criticó este viernes a la Fiscalía del Tribunal Supremo por la difusión del contenido de una rogatoria internacional que, en su opinión, viola «de manera evidente el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano» al incluir «graves afirmaciones e imputaciones de conductas que se realizan sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación». Es cierto, como recuerda el representante legal del anterior monarca, que su cliente merece el respeto de esta garantía constitucional, aún más cuando aún no ha sido imputado por ningún delito ante los tribunales españoles. No es menos necesario tener claro que, precisamente como todo ciudadano, la justicia no debe detener su actuación ante la personalidad de sobre quién recaen sospechas e indicios directos. Y no puede haber ninguna razón que evite o retrase la determinación de investigarlos hasta el final.

El documento que ha suscitado la queja del abogado de Juan Carlos I es una rogatoria remitida por la fiscalía a Suiza el pasado 24 de febrero que, como ha apuntado el propio Ministerio Público en una nota aclaratoria, no es «un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones fiscales» sino una demanda de información. Como toda gestión similar, debe estar razonablemente fundamentada. La fiscalía, pues, expuso en su petición a la justicia suiza que «dispone de elementos indiciarios» de que los fondos que recibió el anterior monarca en cuentas bajo su control en paraísos fiscales pueden tener una «procedencia ilícita», en concreto el cobro de «comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales», lo que sumaría la comisión de delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, de cohecho y de tráfico de influencias. Disponer de esos indicios es mucho menos que tener los elementos de prueba convincentes para sostener que esta ilegalidad se cometió, en cuyo caso debería haber tramitado ya una querella. Pero es más que suficiente para desplegar todas las actuaciones necesarias para llegar o no a confirmar estas sospechas, como dice la propia fiscalía, con «la exigible celeridad». Y para reclamar a quien fue jefe del Estado que se ponga a disposición de la justicia para colaborar con ella cuando se le requiera.

Desde el envío del documento ahora revelado, los «elementos indiciarios» sobre esta y otras dos indagaciones abiertas por la fiscalía han seguido acumulándose. Justo al día siguiente de aquel trámite internacional, Juan Carlos I regularizó ante la Hacienda española más de cuatro millones de euros, sin que se haya aclarado formalmente si lo hizo antes o después de haber recibido un requerimiento, lo que le determinaría la gravedad de sus responsabilidades administrativas y penales. El mes pasado, el presidente del Banco Mirabaud fue imputado por un fiscal suizo por ocultar el ingreso de 100 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí en una cuenta controlada por Juan Carlos I en 2008. Y este viernes se supo que la Agencia Tributaria ha requerido información a la Casa Real sobre los pagos recibidos de 2014 a 2018, cuando su sucesor suspendió su asignación como rey emérito. 

 El actual monarca, Felipe VI, ha tomado diversas decisiones que han remarcado su distanciamiento con las actuaciones de su padre y con el uso y disfrute de las millonarias cantidades depositadas fuera del alcance del fisco español. Una actuación diligente, transparente y sin dilaciones de cada uno de los poderes del Estado respalda la posición del Rey en este asunto, mientras que cualquier obstáculo, reticencia o falta de compromiso en la investigación no reforzaría a la institución de la jefatura del Estado sino todo lo contrario.