Editorial Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

Vigilar la inflación

A la economía española no le conviene que el alza de los precios, común a otros países de la UE, lleve a un aumento de los tipos de interés

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Contadores de electricidad en un edificio de viviendas de Barcelona.

Contadores de electricidad en un edificio de viviendas de Barcelona. / REUTERS / ALBERT GEA

El mes de agosto termina con un mal dato económico: el IPC (Índice de Precios al Consumo) alcanzó la cota del 3,3% interanual, el nivel más alto de inflación registrado en España desde octubre de 2012. La mayoría de expertos han coincidido en culpar de este aumento a la imparable subida de los precios mayoristas de la electricidad (con un promedio cercano a los 120 euros el megavatio/hora durante el mes pasado, frente a los poco más de 36 euros de un año antes). Un asunto que se ha convertido en el principal quebradero de cabeza del Gobierno en el inicio del nuevo curso, ante el lógico malestar ciudadano por el descontrol del precio de un servicio básico y las presiones de los agentes socioeconómicos para que el Ejecutivo reaccione y tome medidas, pese a que la ministra Ribera no encuentra mecanismos viables a la hora de poder intervenir en el mercado mayorista de la electricidad.

Para restar gravedad no a la disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos (la inflación suele ser calificada como el «impuesto de los pobres») pero sí a su impacto macroeconómico, y matizar que el aumento registrado durante los últimos meses es transitorio, se señala que la inflación subyacente (es decir, el aumento de precios sin incluir a la energía y a los alimentos) apenas subió una décima y se mantiene en niveles bajos, del 0,7%. Este dato hace que la mayoría de países occidentales que sufren el aumento de precios (Alemania o EEUU, por ejemplo, también registran alzas no vistas en años), junto a los poderosos bancos centrales, no se muestren preocupados por la subida de los mismos. 

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Sin embargo, el crecimiento registrado durante el año en curso tendrá repercusiones en otros ámbitos de la economía. A la ya señalada pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores (lo que generará un toma y daca, entre empresarios y sindicatos, a la hora de recuperar salarialmente lo erosionado por la subida del IPC), también se puede añadir un nuevo agujero en las cuentas públicas, si se compensa esta subida a los casi diez millones de pensionistas y a los más de tres millones de funcionarios públicos. En un contexto, como el español, donde el déficit es de los más elevados de la eurozona y cuando se acabará el año con un endeudamiento cercano al 120% del PIB. 

La mayoría de economistas descontaban, tras la caída en picado de la actividad durante 2020 como consecuencia de la pandemia, que se produciría un aumento de los precios (como así ha sido en España y en gran parte de los países de la OCDE) conforme las distintas economías fueran recuperando, de manera desigual, sus constantes esenciales de funcionamiento. Y es cierto que la inflación subyacente (que es aquella en la que se fijan los bancos centrales, antes de tomar decisiones de calado) aún se mantiene bajo control. Pero habría que estar vigilantes ante la posibilidad de que dejase de ser así y el Banco Central Europeo decidiera, a medio plazo, que deben subirse los tipos de interés para que la inflación no se desboque. Hay que prepararse para ese escenario que limitaría el gasto público ordinario y exigiría reformas estructurales.