Sin saber qué hacer con las autopistas de peaje, medio siglo después

Las concesiones de algunos tramos de autopista han caducado y no han sido renovadas, que no rescatadas, ahorrándose así el coste de las compensaciones. La mayoría de los gobernantes prefieren esperar a la recuperación del servicio a coste cero, excepto el vicepresidente de la Generalitat, aunque en su caso no tiene mérito porque pretende que pague el Estado, por supuesto. Todo llega y no precisamente de improviso, porque aceptando que veinte años no es nada para no enmendarle el verso a Gardel, cincuenta años tal vez fuera tiempo suficiente para que las empresas concesionarias obtuvieran su ganancia y alguno de los muchos gobiernos formados durante estas décadas hubiera previsto qué hacer al día siguiente de finalizar los contratos. Solo se cumplió la premisa del beneficio privado, por su parte las autoridades de todos los colores han exhibido en este asunto una pasividad sostenida que alcanza la dejadez, por mucha complejidad que conlleve el dilema.

La pregunta pertinente, cuya respuesta debería haber ofrecido la Administración a estas alturas, es fácil de plantear: ¿son las autopistas de circulación segura y de mantenimiento alto 'standing' una obligación del Estado del bienestar? De ser que sí, no habría duda, estas vías deben mantenerse en perfecto estado a cargo de los presupuestos generales. A continuación, claro, surge un nuevo interrogante: ¿pueden estos presupuestos hacerse cargo de todas las autopistas, incluidas las construidas por la Generalitat, sin inflar el déficit público más allá de los márgenes aceptados por Bruselas? 

El hecho de que el Gobierno esté reflexionando sobre la sugerencia de la Unión Europea de instaurar el pago moderado por usuario incluso en las autovías ahora gratuitas, justamente para rebajar el déficit y la deuda agigantados por culpa de la pandemia, debería ser considerado como algo más que un dato porque, seguramente, permite vislumbrar la opción final sobre esta disyuntiva. Aun aceptando esta concatenación de desgracias, la inopia en la que se instalaron tantos gobernantes durante tantos años ante un hecho de gran repercusión social fijado en el calendario con décadas de antelación resulta hiriente.

Los malpensados sospecharán que en realidad la decisión ya está tomada y lo único que se pretende por parte del Ejecutivo es esperar al momento propicio para implementarla, dando tiempo a que las exquisitas autopistas recuperadas para el uso general se conviertan durante los próximos meses en vulgares vías de circulación, degradadas por un mantenimiento insuficiente y una masificación insostenible. Esperar al grito de socorro de los asustados conductores habituales y de los profesionales del transporte, confiar en los estudios de los expertos sobre los peligros que acechan al gratis total en estas infraestructuras, para luego instaurar unos los peajes blandos, se llamen viñeta o como vayan a denominarse. Uno de los manejos más viejos de las democracias, gobernar para satisfacer una exigencia nacida de un estado de ánimo previamente incentivado por el propio poder.

Sea lo que sea, así estamos sin saber qué hacer con las autopistas, medio siglo después de haberse concedido la explotación a unas empresas que ahora se promocionan como candidatas a gestionar el mantenimiento de las mismas. El coste deslizado es de 65.000 euros por kilómetro y año. Una suma notable que, de todas maneras, no hundiría al Estado en la miseria, más de lo que está; ni siquiera a la Generalitat, aun cuando todas las autopistas catalanas fueran abiertas y su titularidad transferida, siempre y cuando sus dirigentes tengan a bien ocuparse de las cosas del buen gobierno.

De hacerse se intuye que puede hacerse, incluso se antoja razonable pensar que habrá más de una partida de gasto susceptible de ser aligerada para liberar fondos y no agravar el déficit público con esta nueva obligación. Sin embargo, no debería obviarse la duda sobre la justicia de hacer pagar a todos los contribuyentes un servicio que, para utilizarlo, hay que disponer de vehículo y disfrutar de la infraestructura privilegiada en su área de movilidad recurrente. El debate no debería llevarnos ni cincuenta semanas, en todo caso, lo terrorífico sería correr el riesgo del deterioro de estas autopistas, en términos de seguridad y fluidez de la circulación, hasta el punto de convertirlas en sucedáneos indisociables del resto de la red, fomentando la igualdad en el mal servicio.

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