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Antidemocracia y bloqueo institucional

Negarse a renovar las instituciones para intentar controlar la justicia se puede traducir en una ocupación ilegítima de las instituciones que acabe falseando la democracia

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Reunión del CGPJ en Madrid.

Reunión del CGPJ en Madrid. / EFE / JUANJO MARTÍN

Se cumplen esta semana mil días de que el Consejo General del Poder Judicial debiera haberse renovado. Nadie va a convocar ninguna movilización ciudadana por ello, pero el dato afecta muy gravemente a la ciudadanía, aunque no le sea fácil de entender.

El citado consejo es el órgano de gobierno de los jueces. Decide, entre otros temas, sobre sus nombramientos, particularmente en los más altos tribunales de España. En concreto, y para no hacer este análisis muy extenso, designa directamente a dos magistrados del Tribunal Constitucional -se compone de12-, y de manera directa decide tres de cada cinco plazas del Tribunal Supremo, siendo adjudicadas las otras dos de manera semidirecta. Y también influye, y es muy relevante, en el primer acceso a la función de juez y fiscal. El tribunal que evalúa esas oposiciones se compone de nueve miembros, de los cuales dos se eligen directamente por el Consejo y su presidente por consenso del Consejo y la Fiscalía General del Estado. Otros dos por dicha fiscalía, dos por el ministerio de justicia, y los dos últimos indirectamente por una comisión del propio Consejo.

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Con todo lo anterior probablemente entiendan por qué el senador del Partido Popular Ignacio Cosidó, en aquel célebre y desgraciado whatsapp de 2018, hablaba de la importancia de controlar el Consejo. En realidad, tal y como está configurado el sistema, un largo mandato de un Consejo de una determinada mayoría puede darle demasiadas llaves de la justicia española a una formación política. El actual lleva ya ocho años, es decir, casi tres de prórroga.

De ahí la importancia que tiene que el consejo se renueve para reflejar la alternancia política que votamos los ciudadanos. Desde luego, lo ideal sería que los vocales del Consejo no estuvieran politizados, igual que los jueces sobre los que gobiernan. Pero ante las dificultades tremendas de evitar las interferencias políticas -demasiados partidos desean poder seguir llamando a 'sus' jueces- ello depende de la honestidad de cada juez y vocal y hasta ahora la politización ha sido la tónica, pese a que puntualmente algunos vocales se han resistido a ella, igual que no pocos jueces y magistrados. Pero no es nada fácil. Las presiones en los casos importantes para orientar las decisiones de vocales y magistrados se han producido en demasiadas ocasiones. 

El PP está emulando al Partido Republicano de EEUU, que escorado a la extrema derecha ha exhibido exactamente el mismo filibusterismo en los nombramientos judiciales

Por ello, hasta ahora la única solución considerada realista ha sido que los partidos reflejen sus mayorías en el Consejo, igual que en otros órganos como el Tribunal de Cuentas o el mismísimo Tribunal Constitucional. De los dos grandes, hasta ahora el minoritario le dejaba más plazas al mayoritario, y asunto concluido con un pacto, político por supuesto. Ahora el Partido Popular ha decidido romper esa máxima en espera de la victoria en las próximas elecciones generales, confiando -tal vez sea mucho confiar- que el PSOE no le pagará con la misma moneda. La situación se puede tornar realmente insostenible.

Y hablo de insostenibilidad porque ningún Estado lo aguanta todo. El PP está emulando al Partido Republicano de EEUU, que escorado a la extrema derecha ha exhibido exactamente el mismo filibusterismo en los nombramientos judiciales, con una dosis de irresponsabilidad que llevada al extremo hizo que una turba acompañada por un fanático ataviado con unos cuernos de bisonte invadiera la sede de la soberanía popular. Quiero decir con ello que negarse a renovar las instituciones para intentar controlar la justicia se puede traducir en una ocupación ilegítima de las instituciones que acabe falseando la democracia propiciando un cambio de régimen más o menos encubierto. Lo que Kelsen, entre otros, llamó Staatsstreich. Mejor no se lo traduzco.

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Y lamento decirles que no estoy exagerando. En la historia, presidentes, sectores políticos y hasta reyes han intentado utilizar a los jueces de ariete en sus luchas de poder. Habría que intentar evitarlo, y la responsabilidad de ello está en la última esperanza de un pueblo democrático: el Parlamento. Su mayoría puede reformar en gran parte los sistemas de nombramiento de magistrados y el sistema de oposiciones de jueces y fiscales, en favor de un sistema orientado por la excelencia y no por las mayorías del Consejo. Dadas las circunstancias, no parece que esa responsabilidad deba demorarse por más tiempo.