El catalán se la juega con la Ley Audiovisual

“Nos lo jugamos todo con el catalán en los próximos 10 años”, dejó dicho en el Parlament la 'consellera' de la Presidència, Laura Vilagrà. Doy por hecho, atendiendo a su adscripción política, que es consciente del largo listado de dificultades que tienen que superar los gobiernos catalán y español para hacer posible una relación fructífera. Incluso los optimistas reconocen la magnitud de los costes que cada una de las partes tendrá que asumir si se pretende convertirlos en oportunidades. Cuentan a su favor, los unos, con el imperativo de hacer viable una Catalunya pospandémica trinchada y aniquilada por la desinversión pública y un sistema de financiación insostenible. Están obligados, los otros, a causa de la correlación de fuerzas en el Congreso, donde sin el independentismo no podrán salir adelante. Una realidad convertida en el lubricante más efectivo para impedir un bloqueo recíproco. La coyuntura, pues, apela a intensificar el sentido de la responsabilidad, reflejado ya en los acuerdos presupuestarios del año pasado y con la puesta en marcha de la comisión bilateral, a la espera de que la mesa de diálogo prevista para el mes de septiembre pueda caminar sin vetos, en cuanto a los puntos del orden del día a desplegar en el futuro. Y así evitar que nazca muerta.

No obstante, en el tránsito hacia un marco de confianzas ha aparecido el proyecto de la Ley General de Comunicación Audiovisual que, más allá de sustraer competencias al Consell de l'Audiovisual de Catalunya, afecta directamente a la viabilidad presente y futura de la lengua catalana, porque atañe a plataformas como por ejemplo Netflix, Disney+ o HBO, etc., al no fijar un porcentaje mínimo de sus realizaciones en lengua catalana. De hecho, se les exige de manera genérica la obligación de ejecutar producciones europeas, un 40% de las cuales en castellano o lenguas cooficiales, pero sin ningún mandato específico hacia estas últimas. Para acabarlo de arreglar, se pretende destinar parte de los recursos recaudados a la financiación de RTVE. ¡Exclusivamente!

Si las fuerzas políticas catalanas, históricamente comprometidas con la protección de la lengua, no pusieran todo de su parte y si el Gobierno español no rectificara, entraríamos en un escenario de no retorno en cuanto a la supervivencia de la lengua

En todo caso, de las palabras de Vilagrà se desprende la imposibilidad de avanzar en la relación entre gobiernos si el PSOE no se aviene a modificar su posicionamiento. A estas alturas, nadie cuestiona que la lengua ha entrado en un acelerado proceso de regresión, en cuanto al uso social. Y en todos los ámbitos institucionales y económicos. ¡En todos! En aquellos en que se había considerado lograda la excelencia, como por ejemplo el sistema de inmersión lingüística (hoy profundamente tocado o bastante desaparecido en las enseñanzas secundarias), o en otros en que se había optimizado un falso adelanto progresivo, ejemplo del cual es el dato que recuerda que hoy en día se redactan muchas menos sentencias judiciales en catalán que hace veinticinco años, pasando por el mínimo etiquetado en lengua catalana.

El proyecto de ley, no hay que engañarse, puede ser el último salvavidas para la lengua (hacen falta otros, entre los cuales parar el proceso de decadencia global de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals) o puede significar el tiro de gracia. Porque los errores desde la aprobación de la ley, en 1988, reguladora de las televisiones privadas han sido de gran trascendencia. El primero garantizaría el uso de la lengua catalana, atendiendo al reconocimiento del servicio público y a la necesidad de satisfacer el pluralismo informativo y la extensión de la cultura. Otro: no desplegar las potencialidades de la ley de la Televisión Digital Terrestre, de 2005, que ya hacía referencia al plurilingüismo. Nada fue producto de la ingenuidad: los gobiernos españoles de turno actuaron al servicio de grandes empresas de comunicación a pesar de que comportara, por ejemplo, sacrificar a RTVE (hay que recordar los intereses cruzados de CiU, PSOE y PP a la hora de acabar con la publicidad en RTVE, en beneficio de grupos comunicativos con sede a Madrid y en Barcelona) e hipotecara la capacidad del centro productor de Sant Cugat y la producción en catalán.

Si esta vez todas las fuerzas políticas catalanas, históricamente comprometidas con la protección de la lengua, no pusieran todo de su parte (¡en las próximas semanas!) y si el Gobierno español no rectificara, entraríamos en un escenario de no retorno en cuanto a la supervivencia de la lengua.

Y, entonces, maldita la gracia de continuar apelando, unos y otros, al optimismo responsable.

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