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La política lingüística quebequesa se mueve

El actual gobierno del Quebec busca afirmarse como fuertemente autonomista y para eso ha entrado un par de veces en el delicado terreno de la política identitaria

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Una calle de Quebec, completamente cubierta por la nieve.

Una calle de Quebec, completamente cubierta por la nieve. / AP / JACQUES BOISSINOT

El actual gobierno del Quebec no es separatista, pero busca afirmarse como fuertemente autonomista. Para eso, ha entrado un par de veces en el delicado terreno de la política identitaria, plasmada en dos iniciativas legislativas. La primera fue la 'Ley sobre la laicidad' de 2019. Esa ley, que ha sido recurrida, prohíbe que los empleados públicos en posición de autoridad exhiban signos religiosos, y suscitó una enorme controversia. De acuerdo con esta ley, una profesora musulmana no podría llevar velo en una escuela pública. Aunque las encuestas muestran que la mayoría de la sociedad quebequesa apoya esa ley, no sucede lo mismo en el conjunto de Canadá. Se ha hecho notar que Harjit Sajjan, el actual ministro de defensa federal, que es sij y usa turbante, no podría dar clases en el Quebec. Eso a pesar de haber sido policía en Vancouver y haber servido como militar en Bosnia y Afganistán llevando siempre turbante, incluso de uniforme.

La segunda iniciativa tiene menos carga emocional, pero también es polémica. Se ha iniciado el procedimiento para reforzar el francés en la provincia. Como es sabido, Canadá tiene dos lenguas oficiales —francés e inglés—, y la administración federal es bilingüe. Pero las provincias tienen la facultad de establecer el régimen lingüístico en los ámbitos de su competencia. Por ejemplo, Nuevo Brunswick, como la administración federal, reconoce la oficialidad de ambas lenguas. En el Quebec, en cambio, la única lengua oficial de la administración provincial es el francés.

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La propuesta actual se conoce como 'Ley 96', que ha entrado como proyecto de ley en el parlamento quebequés. En el ámbito de la educación, se va a limitar la presencia del inglés. Se establece el derecho a aprender francés, así como el derecho a ser atendido en francés como cliente. Los empresarios tendrán que justificar detalladamente la exigencia del conocimiento de una lengua distinta del francés a sus empleados. Esas medidas han suscitado muchas reticencias en el mundo empresarial, que teme que se apliquen en empresas que operan en ámbitos de competencia federal. En el mundo local, y especialmente en algunos distritos municipales anglófonos de Montreal, también hay malestar: se puede llegar a retirar el carácter bilingüe de una administración municipal si el número de residentes anglófonos baja del 50%.

La cosa se complica cuando el proyecto de ley se plantea la reforma de la constitución canadiense. Por extraño que nos parezca, la Ley constitucional de 1982 (artículos 44 y 45) permite modificaciones unilaterales. Puede hacerlo el Parlamento federal, sin ninguna otra intervención, si la reforma afecta a las instituciones federales. Y lo mismo está en manos de un parlamento provincial, si la reforma afecta a sus instituciones y competencias. La 'Ley 96' pretende añadir dos párrafos a la Ley constitucional de 1867: “Las quebequesas y los quebequeses forman una nación” y “El francés es la única lengua oficial del Quebec. Es también la lengua común de la nación quebequesa".

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Los constitucionalistas canadienses están divididos. Algunos consideran que esa reforma no plantea ningún problema. Otros discrepan, subrayando que las reformas constitucionales que comporten modificaciones sobre el uso del francés o del inglés deben adoptarse por el procedimiento marcado en el artículo 43.b de la Ley constitucional de 1867. Eso requeriría el acuerdo de la Cámara de los Comunes, del Senado, y de la asamblea legislativa de cada provincia.

Sin embargo, en la política federal, la reforma constitucional propuesta ha encontrado un sorprendente consenso. El pasado 16 de junio, los soberanistas del Bloc Québécois consiguieron que la Cámara de los Comunes aprobara una moción en la que se reconoce la legitimidad del procedimiento iniciado por la 'Ley 96'. Sorprende la coincidencia política ante una propuesta jurídicamente discutible. Pero tiene su explicación: en junio estaba bastante claro que se avecinaban elecciones generales, y los grandes partidos federales no quieren arriesgarse a perder votos en el Quebec. Y ahora, en campaña electoral, se presentan como los mejores defensores del francés. Saben que los separatistas pueden aprovecharse del voto de los que temen que su lengua desaparezca. Hablamos de Canadá, claro.