Lecciones de un mar moribundo

La agonía del Mar Menor, la laguna litoral que estos últimos días se ha llenado de cientos de miles de peces y crustáceos muertos por falta de oxígeno en el agua, hace años que empezó. Nada más y nada menos que en 1987 el Gobierno de Murcia aprobó una ley de protección de ese ecosistema, ya amenazado, con varios objetivos: controlar los vertidos (entonces tanto mineros como agrícolas), limitar la construcción, sanear las aguas y rodear la laguna de espacios naturales protegidos. En términos generales, el tipo de iniciativas que se han ido prometiendo periódicamente tras las últimas crisis ambientales de ese espacio natural y que ahora –aunque en el caso de la urbanización de la Manga, poco quede sin edificar ya– vuelven a ponerse sobre la mesa. En ese momento se plantearon a título preventivo. Hoy, tras 34 años de inacción y con un medio radicalmente deteriorado, como medidas paliativas.

La ley fue primero recurrida por el PP y derogada por este en el 2001. Durante este periodo el trasvase Tajo-Segura había ido alimentando la ampliación hasta unas 60.000 hectáreas del regadío en la cuenca del Mar Menor, una actividad agraria intensiva que ha ido arrastrando fertilizantes al acuífero y la laguna. La conservación entró en conflicto con los intereses de desarrollo turístico y agrario y salió perdiendo sin paliativos. Tres décadas después, la degradación ecológica amenaza seriamente el interés turístico y pesquero del área, y la zona efectivamente cultivada puede verse sujeta a recortes. Una demostración más de cómo, ni entonces ni menos aún hoy, en plena emergencia climática, puede ser viable un modelo de crecimiento económico que al mismo tiempo no sea sostenible medioambientalmente.

La crisis del Mar Menor también nos ofrece otro mensaje inquietante. Durante dos décadas, la vegetación del fondo de la laguna fue absorbiendo los nutrientes arrastrados por el riego y manteniendo el agua transparente y su ecosistema en pie. En 2016 el ecosistema colapsó, la explosión del plancton ahíto de nutrientes enturbió el agua, las plantas del fondo murieron por falta de luz y toda esa materia muerta aún consumió más oxígeno. Una vez roto el equilibrio, desde entonces el mar Menor ha vivido al límite, con periódicas mortandades de peces e incluso un episodio, en octubre de 2019, cuando unas lluvias torrenciales llegaron a convertir las aguas superficiales, directamente, en tóxicas. En más de un ecosistema afectado por el cambio climático los científicos nos advierten de que, tras años de pasividad ante un lento y gradual deterioro, puede llegarse a un punto de colapso, en que el proceso se acelera exponencialmente e incluso amenaza con tornarse irreversible. Las señales que nos lanza la naturaleza deben escucharse a tiempo, cuando aún es posible reaccionar. 

Una vez más, las autoridades autonómicas, responsables del medio ambiente y la agricultura regional, prometen reducir la aportación de fertilizantes y suprimir, ahora sí, las 8.000 hectáreas regadas ilegalmente de forma impune durante mucho tiempo. El Gobierno central, responsable de las cosas y la política hidráulicas, plantea intervenciones que incluyen colectores y la compra de tierras para crear un cinturón verde en torno al Mar Menor. Poco hay en las medidas planteadas que no se haya barajado anteriormente: la novedad sería que las medidas se hagan efectivas. Siempre que no se haya llegado a un punto de no retorno o que iniciativas que hace años hubiesen sido eficaces hoy sean insuficientes.