Guerra cultural

Hablan ya algunos medios de “guerra cultural” en el seno de la Unión Europea en referencia al conflicto abierto entre los gobiernos de Polonia y Hungría y Bruselas.

Aunque oficialmente parece tratarse, dicen, de cuestiones jurídicas, es decir, de la compatibilidad de los sistemas jurídicos o las legislaciones de esos países con lo que establece la UE, es mucho más lo que está en discusión.

Asuntos como el aborto, la homosexualidad, el fenómeno inmigratorio, vistos por muchos en esos países como amenaza a la moral o el estilo de vida tradicionales, ocupan de pronto el primer plano del debate.

En el fondo se trata de un conflicto entre dos visiones del mundo: la que podríamos llamar “abierta” o “pluralista” y la “nacionalista y cerrada”, que solo admite una identidad “homogénea” y se opone a todo cuanto la amenaza.

En la Hungría de Viktor Orbán, el conflicto con Bruselas estalló por la aprobación parlamentaria de leyes que prohíben la enseñanza en las escuelas magiares de todo contenido que promueva la homosexualidad o la reasignación de género, leyes que al mismo tiempo suscitan fuerte oposición popular en el propio país.

Por lo que se refiere a Polonia, en el centro del debate está la independencia de su sistema judicial del poder político, puesta en tela de juicio tanto por el Tribunal Europeo de Justicia como por el de Derechos Humanos, algo que para Varsovia es una intolerable injerencia en sus asuntos internos.

Ambos gobiernos se consideran avanzadilla de una nueva cruzada en defensa de la identidad cristiana de Europa, amenazada, dicen, por la inmigración musulmana y un multiculturalismo disolvente.

Los ciudadanos de los contribuyentes netos de la UE, con Alemania en cabeza, difícilmente aceptarán que se siga subvencionando con sus impuestos a países cuyos gobiernos no están dispuestos a respetar las reglas comunes

Se han demostrado en muchos casos infundadas las esperanzas que se habían puesto en que, con la entrada en la Unión Europea, los nuevos miembros del club adoptaran los estándares y pautas de comportamiento del resto de los socios.

Argumentan, sin embargo, sus gobiernos que han sido libremente elegidos por los ciudadanos, algo que no se puede decir de las instituciones de la Comisión Europea, cuyos “diktats” no se dicen dispuestos a aceptar.

Pero, como escribe el diario alemán 'Frankfurter Allgemeine Zeitung', al no tener la Unión Europea un gobierno propiamente dicho, capaz de aplicar la voluntad de la mayoría en su territorio como ocurre con los gobiernos nacionales, debe ser la Comisión, guardiana de los tratados, quien actúe.

Y, ante el incumplimiento de los estándares democráticos a los que se comprometieron esos países con su ingreso en la UE, no tiene la Comisión más remedio que recurrir al Tribunal de Justicia Europeo, con lo que se judicializa algo que no hay manera de resolver políticamente.

El problema que se le presenta ahora a Bruselas es cómo sancionar a los díscolos. Hungría y Polonia son receptores netos de los fondos comunitarios, que han ayudado a transformar en profundidad sus economías. Y si no esos, al menos los nuevos fondos europeos de recuperación podrían ser un arma a disposición de la UE y que Bruselas ha comenzado a blandir.

No parece de recibo que ciertos países, entre ellos la pequeña Eslovenia, que preside este semestre la Unión Europea y a la que también se acusa de violar la libertad de prensa y de interferencias en el poder judicial, pretendan estar solo a las maduras.

Los ciudadanos de los contribuyentes netos de la UE, con Alemania en cabeza, difícilmente aceptarán que se siga subvencionando con sus impuestos a países cuyos gobiernos no están dispuestos a respetar las reglas comunes. Porque eso también es democracia.

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