Opinión |
La tribuna

Gestionar la autonomía

La ausencia de Aragonès en la conferencia de presidentes fue un adelanto de lo que vendrá, mucha gesticulación con una mano y mucho autonomismo con la otra

Reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en la sede del Ministerio.

Reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en la sede del Ministerio. / JOSÉ LUIS ROCA

Astrid Barrio

Astrid Barrio

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Los primeros días del mes de agosto nos trajeron una reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat prevista en el artículo 183 del Estatut d'Autonomia después de tres años de no reunirse, en el que no deja de ser un flagrante incumplimiento por parte de las dos administraciones puesto que es preceptivo, de acuerdo con su reglamento de funcionamiento, que este órgano permanente de relación entre gobiernos se reúna como mínimo dos veces al año. 

La reunión fue fructífera. Se acordaron el pago de 200 millones de euros de los más de 700 millones pendientes de la disposición adicional segunda del Estatut, culminar el traspaso de las becas y reactivar el traspaso de Rodalies y otras infraestructuras así como establecer un calendario de los diferentes grupos de trabajo sobre futuras transferencias con el compromiso de celebrar una reunión mensual hasta comienzo de 2022. Pero sin duda la medida estrella fue el acuerdo para la ampliación del aeropuerto del Prat, una medida que ha generado divisiones en el seno del Gobierno de España, puesto que Podemos se opone firmemente, y divisiones también en la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno de Catalunya dado que la CUP también se ha pronunciado en contra y lo considera una línea roja, sin que se sepa muy bien qué significado tiene eso y en qué se puede traducir.

La medida también ha generado un ataque simultáneo de autonomismo y de peixalcovisme por parte de ERC, cosa que era previsible, y también de Junts per Catalunya, que lo era menos, quizás porque el consejero titular del ramo, Jordi Puigneró, se vio forzado a hacerlo para desviar la atención de después de que la desafortunada escena paellera amenazara con atragantársele. Ni que sea haciendo de la necesidad virtud por primera vez, los dos socios de Gobierno coinciden en la conveniencia -más allá de la retórica y a pesar de no renunciar a la independencia, o incluso al mandato del 1 de octubre- de que hay que intentar gobernar y producir resultados. 

Recuperar la normalidad institucional

Volver a poner en marcha los mecanismos intergubernamentales es un paso positivo para recuperar la normalidad institucional en Catalunya, sobre todo una vez los políticos presos han recuperado su libertad gracias a los indultos. Por eso resulta inaceptable la pataleta, cuando no la dejación de responsabilidades, del presidente Aragonès, no queriendo asistir en la conferencia de presidentes celebrada a finales de julio en la que se abordó la gestión de la pandemia y de los fondos europeos para la recuperación. Una decisión que solo se explica como un adelanto de lo que vendrá, mucha gesticulación con una mano y mucho autonomismo con la otra. 

El paréntesis veraniego nos da pistas de por dónde puede ir la legislatura, a la espera de que se concrete el contenido de la mesa de diálogo que se ha de reunir a mediados de septiembre. De entrada tanto ERC como Junts per Catalunya reclaman la amnistía y la celebración de un referéndum. De entrada porque la consejera de Presidència Laura Vilagrà ha abierto por primera vez la puerta a escuchar otras alternativas al referéndum, una muy buena noticia porque escuchar alternativas y no abordar el diálogo como un monólogo tendría que ser la condición sine qua non para que cualquier diálogo sea digno de denominarse así.

Las perspectivas de la mesa de diálogo son muy inciertas por problemas de método y de contenido. De método porque no es posible un diálogo entre gobiernos si previamente no hay un diálogo interno a Catalunya capaz de aportar un contenido que disfrute de una amplia base de legitimidad. Pero también porque el Gobierno de España tampoco ha especificado cuál es su planteamiento, seguramente a la espera de que el PSOE defina su posición en el Congreso que tiene que celebrar en el mes de octubre. Esta posición quizás podrá contar con el apoyo de Podemos pero ni con el del PP y de Ciutadans, seguramente más por su voluntad de oponerse a todo que por convicción, ni con el de Vox por coherencia con su posición contraria al Estado autonómico, de forma que se hace difícil pensar en la posibilidad de que de la mesa salgan adelantos sustantivos.  De momento para lo que servirá es para ganar tiempo, un tiempo que al Gobierno de España le ha de permitir gestionar la recuperación y al de Catalunya volver a gestionar la autonomía.

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