Poner orden en el gasto sanitario

El sector sanitario está sometido a una presión constante de novedades tecnológicas, aspiraciones de enfermos por nuevos tratamientos, expectativas ciudadanas de que todo es tratable y una industria que no afloja en sus ansias por cumplir esas esperanzas y sacar un buen beneficio económico. Cuando estas presiones llegan al decisor político, su precariedad (salvando algunos casos y excepciones de cada momento) es manifiesta en términos de capacitación, autoridad y legitimidad reconocida (todo es visto como un costo). Solo les queda el poder administrativo para poder tapar aquellas deficiencias. Nuevos medicamentos, ahora contra el alzéimer, con una todavía dudosa efectividad probada, y en todo caso lejos de los umbrales de coste-efectividad que los hagan sostenibles, pero también tratamientos oncológicos que alargan ligeramente la esperanza de vida o la aparición de otras 'medicaciones sociales' tocan a la puerta del político por las vías de Sanidad, Ciencia y Tecnología, Industria o Economía.

Todos ellos, con funciones y responsabilidades segmentadas, confrontan una industria que genera actividad económica, exportación en algunos casos, que ofrece bienestar potencial o real, dispuesta a ofrecer curaciones y desarrollos tecnológicos. Los costes se argumentan por su carácter único, como beneficios por los recursos que supuestamente ahorran a otras partes del dispositivo asistencial e incluso como indicaciones que pueden generar beneficios futuros en aplicaciones aún desconocidas. Las argumentaciones son múltiples y contundentes. En este entorno, como han hecho muchos países ya, parece recomendable poner tierra por medio con las recomendaciones técnicas de quién puede mejor afrontar estas presiones y al que le corresponde finalmente tomar una decisión. Indicaciones de procedimientos terapéuticos regularmente muy discutidos por los afectados son hoy práctica común y prueban que la cuestión no está bien resuelta en nuestro país.

Agencializar las decisiones, como se hace en otras esferas de la política fiscal o monetaria, podría ser un antídoto. Que haga las evaluaciones de aquellas propuestas quien mejor las sepa hacer, con profesionalidad y rigor académico. Y que no solo sea contrastadamente objetivable, sino que además así lo aparente en su autonomía, con plenitud de legitimidad. La prudencia implicaría seguir después la recomendación o, de otra manera, que quien tiene la responsabilidad final explique por qué no lo hace. Invertiría así la carga de la prueba, hoy más centrada en una evaluación, si existe, que viste la decisión mayormente política más que la fundamenta; tal es el ruido de los procedimientos que hoy se utilizan. Por ello, 300 profesionales firmaron el pasado diciembre un manifiesto en favor de la creación de esa institución, una Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias, sin obtener respuesta aún por parte del Ministerio de Sanidad. Aun así, en los más de 300 folios del texto finalmente presentado en Bruselas llama la atención el abundante recurso a la liturgia de la “reforma de la regulación del medicamento, la racionalización de los productos farmacéuticos y el fomento de la sostenibilidad del sistema, así como la búsqueda permanente de la eficiencia en el gasto, intensificando los procesos de evaluación en tratamientos de alta complejidad”. Buenos propósitos sin materialización efectiva.

No se entiende la tozudez del Ministerio, más allá de mostrar el poder que retiene, para confrontar solitos, como quijotes, los molinos de viento que tiene delante. Ministerios y direcciones generales que, además, atesoran muchos ejemplos de puertas giratorias por un lado y estrictas posiciones político-ideológicas por el otro, y que acaban desconcertadas por la dificultad de la tarea. Somos ya muchos los que pensamos que una Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) sanitaria sería una buena solución y mostraría un compromiso inequívoco de poner orden en la política sanitaria española. Financiada por Fondos Europeos, esta agencia sería una oportunidad para llegar a 2050 con algo más que un catecismo de buenas intenciones. Nos queda esperar que Europa lo exija, como han hecho en las disciplinas fiscales y monetarias.

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