Chapuza jurídica

Desprestigia que algo queda

Este gobierno, sus socios de Podemos y los partidos que le apoyan como Bildu y Esquerra han dado antes muestras de despreciar las instituciones y la misma Constitución

Control policial en Barcelona, durante el toque de queda

Control policial en Barcelona, durante el toque de queda / Manu Mitru

Jorge Dezcallar

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Que la Justicia tiene muchos problemas es obvio: es lenta, está politizada, y necesita reformas y medios que no se le dan, olvidando que el retraso en la administración de justicia equivale a denegación de justicia. Según una encuesta reciente, 65% de los españoles piensan que funciona mal. Pero el Gobierno, en lugar de atender a estas necesidades, agrava el problema. El Gobierno ha manejado regular el asunto de la pandemia procurando escurrir el bulto y pasar el marrón a las Comunidades Autónomas. El resultado ha sido un cierto desbarajuste con cada gobierno local adoptando las medidas que le parecían más apropiadas contra un virus que no se detenía en los límites geográficos de la región. La confusión ciudadana ha sido descomunal y a ella también han contribuido los jueces con sentencias contradictorias. Además, en su afán de mirar los toros desde la barrera donde es más difícil que embistan, el Gobierno decidió utilizar el Estado de Alarma y no el de Excepción que suena peor y que tiene otras exigencias. Y el Tribunal Constitucional le ha tirado de las orejas y le ha recordado que con el Estado de Alarma no se pueden conculcar derechos fundamentales y confinarnos en casa. Un bombazo. Un error puede cometerlo cualquiera aunque se supone que el gobierno no debería incurrir en ellos porque para eso dispone de abogados del Estado, que son gente con sólida preparación jurídica. Eso ya es grave pero más grave aún es que varias ministras hayan salido en tromba a protestar contra la sentencia del Constitucional. En un país serio el Gobierno que recibe un varapalo de este calibre dimite o al menos se queda avergonzado y balbucea que no lo volverá a hacer. Aquí no, aquí el gobierno critica a los jueces del alto tribunal por no tener “sentido de Estado” como se ha atrevido a decir la ministra de Defensa Margarita Robles (¡que es jurista!), o por carecer de la sensibilidad de “ponerse en lugar del gobierno” ya que “si lo hubiera hecho” - ha dicho Isabel Rodríguez, ministra portavoz- “habría tomado las mismas medidas”. Y Pilar Llop, ministra de Justicia, ha puesto la guinda al decir que son precisamente esas medidas las que han salvado cientos de miles de vidas. Es imposible encadenar más insensateces.

Aparte de un brindis al sol con cifras no comprobables, las ministras incurren por lo menos en dos errores inexcusables: por un lado el Tribunal Constitucional no debe ponerse “en el lugar del Gobierno” porque en las democracias hay que respetar la separación de poderes y el Imperio de la Ley, que son tan importantes como ir a votar que es a lo que algunos parecen reducir la democracia. En segundo lugar porque aquí no se trata de salvar vidas, algo que jueces y gobernantes desean por igual, sino del instrumento elegido para salvarlas: el Gobierno escogió el Estado de Alarma y el Tribunal le dice que hizo mal y que debió escoger el Estado de Excepción. Y eso implica que se han impuesto restricciones a nuestras libertades con un instrumento jurídico que no lo permite. Una chapuza descomunal. Con este gobierno tampoco han salido bien parados el Tribunal Supremo, la Fiscalía (dirigida de forma muy poco estética por una ex-ministra del gobierno), el CGPJ o el Tribunal de Cuentas. Lo peor de todo es la contumacia y el lo volveremos a hacer, que recuerda la fórmula de “se acata pero no se cumple” del viejo Imperio español convertida hoy en “acatamos pero no compartimos”, y el insistir en airear en medios afines los votos discrepantes de la sentencia en un intento de desprestigiar al Tribunal Constitucional, cuando esa discrepancia es perfectamente normal y se ha dirimido democráticamente. ¿Es casualidad? Me temo que no. Este gobierno, sus socios de Podemos y los partidos que le apoyan como Bildu y Esquerra han dado antes muestras de despreciar las instituciones y la misma Constitución que nos ampara a todos. Sin olvidar que el Partido Popular también contribuye -junto al mismo gobierno- al desprestigio de la Justicia con su bloqueo sectario del CGPJ, ignorando que no es un juguete al servicio de sus intereses. Por este camino vamos muy mal y de todo este desaguisado hay responsables con nombres y apellidos.

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