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149 millones a UGT, a otras víctimas, nada

El proyecto de ley de Memoria Democrática continúa instalado en el modelo español de la arbitrariedad y la impunidad

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Ficha policial del ’president’ Lluis Companys que se guarda en el archivo Varela de Cádiz.

Ficha policial del ’president’ Lluis Companys que se guarda en el archivo Varela de Cádiz. / FUNDACIÓ JOSEP IRLA

A raíz de la presentación del proyecto de Ley de Memoria Democrática, retornan con crudeza las posiciones del PSOE que ratifican lo ya establecido en la ley de 2007 respecto a no aceptar la ilegalidad de los tribunales franquistas, de lo cual se desprende que una hipotética declaración de nulidad subsiguiente nunca será asumida por los tribunales sentenciadores ni será susceptible de generar otros efectos. Más allá de blindar, por lo tanto, la legalidad franquista, no se pretende derogar la preconstitucional Ley de Amnistía de punto final de 1977 que ha sido el gran argumento utilizado durante décadas para impedir llevar a los verdugos franquistas ante los tribunales. Por este motivo las víctimas tuvieron que interponer en 2010 una querella por delitos de genocidio cometidos por la dictadura franquista ante un juzgado penal de Argentina.

El proyecto de ley ha devuelto a la actualidad el Real Decreto aprobado por el gobierno de Rodríguez Zapatero en 2005 para resarcir a la UGT con 149 millones de euros y la titularidad de 26 inmuebles en concepto de propiedades incautadas desde 1939. Una acción hecha deprisa y corriendo por razón de que el sindicato comandado entonces por Cándido Méndez debía 151 millones al Instituto de Crédito Oficial a raíz de la crisis provocada por la quiebra de la cooperativa de viviendas PSV. Los argumentos del ministro socialista empleados desde la tribuna del Congreso fueron tajantes: "Se trata de una deuda moral y material al que fue expoliado... y hay que proceder a la reparación de una deuda ética causado por un levantamiento militar. Hay que devolverles lo suyo y esta reparación no puede esperar más".

Sin embargo, en 2007 el mismo Gobierno socialista presentó la decepcionante Ley de la Memoria. Un texto legislativo que no contó con el voto afirmativo del republicanismo catalán, entre otras razones porque no solo no abarcaba el reconocimiento de todas las víctimas (España aún hoy niega la reparación de Salvador Puig Antich y tantas otras víctimas), sino que además las clasificaba y valoraba su reparación en función de la cronología. Así, consagraba dos categorías de víctimas. Solo las personas muertas "en defensa de la democracia" entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977 podían reclamar una indemnización de 135.000 euros. En definitiva, las familias de los abogados laboralistas asesinados en Atocha en 1977 eran merecedoras de una reparación distinta a tantas otras como la del dirigente comunista Julián Grimau, ejecutado en Madrid en 1963. El objetivo de esta irracionalidad radicaba en intentar alejar (hacer ignorar) el ADN fascista de un régimen condenado por la Asamblea General de Naciones Unidas perpetrador de delitos de lesa humanidad y así dar entrada a los argumentos de la irretroactividad y la prescripción de los delitos utilizados a lo largo de estos años por parte de la Administración española para evitar la comparecencia de los responsables de la dictadura ante los tribunales.

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Y ahora, en el año 2021, llama la atención el interés en fijar en la ley que cualquier declaración de nulidad o ilegitimidad nunca tendrá consecuencias en cuanto al reconocimiento de cualquier responsabilidad patrimonial del Estado ni podrá dar lugar a una indemnización de carácter económico. Sorprende, pues, que se pretenda encontrar el apoyo de quienes ya en 2007 denunciaron cómo se rechazaba incluir las responsabilidades del Estado, a diferencia de como han procedido Francia y Alemania, respecto a la incautación del papel moneda, las deportaciones de republicanos a los campos de exterminio señalados con el triángulo azul de los apátridas gracias a los acuerdos entre los dos Estados, el trabajo esclavo en el interior del Estado en beneficio de grandes empresas o el robo de bienes muebles e inmuebles de entidades, de instituciones, así como de partidos políticos como Esquerra Republicana de Catalunya, a la que fueron hurtados 1.056 inmuebles.

Difícilmente el PSOE podrá argumentar por qué hoy en día puede sostenerse que los argumentos y las actuaciones que han sido válidas para la UGT no lo tengan que ser, ni en 2021, para el resto de víctimas de la dictadura. En definitiva, un proyecto de ley que continúa instalado en el modelo español de la arbitrariedad y la impunidad.