El diálogo empieza a rodar

El pasado mes de junio, los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la Generalitat, Pere Aragonès, acotaron el terreno de juego, el calendario y el ritmo del restablecimiento de relaciones entre los dos Ejecutivos. En la práctica, una vía lenta, sin previsiones del calendario, la de la mesa de diálogo, en la que a partir de septiembre se abordarán las posibilidades de dar alguna respuesta a los objetivos políticos del independentismo. Y una vía más rápida, la del desbloqueo de las carpetas pendientes en la gestión ordinaria del autogobierno. Bien a través de la comisión bilateral que se reunió ayer tras un prolongado hiato, bien con la participación normalizada, más allá de incidentes más protocolarios que ejecutivos, en los foros de coordinación entre Gobierno central y comunidades autónomas.  

El bloqueo político ha empezado a dejar de trabar el abordaje de decisiones que afectan el autogobierno de Catalunya y los intereses más inmediatos de sus ciudadanos. Con 56 traspasos pendientes sobre la mesa y la demanda por parte del Govern de la Generalitat de que se ponga freno a iniciativas legislativas de carácter recentralizador, una primera reunión solo podía ser un primer paso con meses de negociaciones por delante. Que una parte celebre los avances como ejemplo de una normalización política que aún no ha llegado a Catalunya y la otra insista en la insuficiencia de los primeros compromisos puestos sobre la mesa sea perfectamente previsible. Pero lo esencial es que se ha roto el hielo. Y una vez dados los primeros pasos, no hay otro camino que el de que ambas administraciones pasen a trabajar no en acuerdos genéricos sino en compromisos efectivos.  

Dejar atrás la política de sillas vacías, plantones y bloqueos estériles (o aún peor, de desprecio por la gestión de las competencias autonómicas) para trabajar por objetivos tangibles es algo que parece que finalmente comparte también el sector del Govern más proclive a renegar de las estrategias posibilistas, alimentar una tensión cada vez más virtual o prodigar pésimos augurios sobre la viabilidad de la mesa de diálogo: en una cita discreta y celebrada en paralelo a la comisión bilateral, el ‘conseller’ Jordi Puigneró, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y el presidente de Aena, Maurici Lucena, tejieron un principio de acuerdo sobre la futura ampliación del aeropuerto de El Prat, no por vaticinado menos significativo.

También en esta carpeta se ha empezado a rodar por la pista adecuada pero aún no se ha emprendido el vuelo. El compromiso de ampliar la capacidad de operaciones del aeropuerto de Barcelona-El Prat para atraer vuelos intercontinentales y la voluntad de enlazarlo por alta velocidad con los de Girona y Reus para facilitar que funcionen como un hub interconectado puede plasmarse en un plan de futuro ambicioso pero al mismo tiempo compatible con las expectativas racionales de evolución del sector aeronáutico y turístico, marcadas por unas cada vez más acuciantes exigencias ambientales. O ser la base de una inversión basada en unos cálculos de crecimiento más cuantitativo que cualitativo difícilmente sostenibles. También aquí queda mucho por dialogar y mucho trabajo técnico para hacer compatibles objetivos nada fáciles de conciliar. Aunque comprometerse a que, en lo que respecta a la afectación a los espacios naturales del Delta del Llobregat, el visto bueno de la Comisión Europea sea una condición previa resulta una garantía mucho más palpable que la voluntad expresada de que este impacto ambiental sea el mínimo posible.