Reunión bilateral, daños colaterales

Nos ocurre a menudo cuando nos negamos a acudir por despecho a cierto tipo de fiestas. Pensamos que nuestra ausencia nos va a convertir en protagonista del evento y comidilla de los invitados para sofoco del anfitrión, pero este último guarda un as en la manga y suelta un par de perlas que convierten el cóctel en una velada llevadera y agradable para el resto de asistentes. La consecuencia de ese golpe de efecto es que ya nadie recae en el ausente. Esto es más o menos lo que le ha ocurrido a Pere Aragonès con su negativa a asistir a la conferencia de presidentes, de cuyo plante se habló y escribió con vehemencia en las horas previas y al término de la cual dejó de ser relevante en cuanto Pedro Sánchez anunció la adquisición de 3,4 millones de vacunas adicionales de Pfizer y la gestión para las autonomías de 10.500 millones de los fondos europeos, el nuevo foco de fricción enarbolado por el Govern para mantener la tensión con el Ejecutivo.

Por fortuna, el Estado y la Generalitat van a tener una nueva oportunidad de encontrarse en la cumbre bilateral prevista en el arranque de semana y decirse aquello que no pudieron en la reunión de trabajo de Salamanca, donde aparte de poner sordina a la estrategia de Aragonès, el presidente del Gobierno acalló el griterío planificado desde la madrileña calle de Génova. Pero lo de Pablo Casado es otra historia y el griterío quedó en murmullo.

Lo de “por fortuna” está escrito a cosa hecha. ¿Debería haber acudido Pere Aragonès a la conferencia de presidentes? Sí. Que se lo pregunten a Urkullu, que de un modo u otro acaba barriendo hacia Euskadi. ¿Debe el Gobierno de España mantener reuniones bilaterales al más alto nivel con el de Catalunya? Sí. Sobre todo, con Catalunya.

Visto el modo en que la sociedad ha asumido los indultos de los condenados por el ‘procés’, ya amortizados y de los que apenas se habla tan siquiera en las tertulias más recalcitrantes, cualquier cumbre entre las dos partes no puede sino sumar en pos de la resolución del conflicto. Lo contrario, ya sabemos, conduce a la confrontación, aun a costa del desgaste que el fin del litigio haya supuesto para las perspectivas electorales del PSOE.

Ahora bien, nadie puede esperar de esa reunión que no se produzcan daños colaterales. El principal punto en la agenda catalana lleva marcado en rojo la distribución de los fondos europeos para la reconstrucción poscovid que le corresponden a la autonomía, pero ese asunto no es propio de esa comisión, ya ha advertido el líder del PSOE, sino de la conferencia de presidentes, donde, como ya se ha dicho, el jefe del Ejecutivo se adelantó no sin habilidad a la hoja de ruta trazada desde la Generalitat y también desde el Partido Popular, cuyos barones, la mayoría a excepción de Díaz Ayuso, que juega a otra cosa, recibieron con satisfacción el anuncio sobre los fondos, la compra de más vacunas y hasta la recuperación de una iniciativa de tiempos de Rajoy para fomentar la repoblación en la España vaciada.

Al contrario de lo que verbaliza el argumentario de los populares, la comisión bilateral no es una concesión al independentismo ni representa hincar la rodilla ante Catalunya. Sencillamente, lo prevé el Estatut d’Autonomia. Y luego: Aragonès tiene más que ganar que perder. Parece poco probable que Catalunya salga de ese encuentro con los 16.800 millones que reclama al Estado por déficit fiscal, pero no parece una entelequia que lleguen a algún tipo de acuerdo sobre transportes y comunicaciones, con la cesión de la gestión del Aeropuerto de El Prat y del Puerto de Barcelona sobre la mesa. Urkullu, de momento, ya tiene cerradas con el Gobierno central las transferencias sobre prisiones, una piedra de toque que debería servir a Aragonès para aprender que la negociación representa la vía idónea para obtener ventajas territoriales.

Y sin embargo, cauteloso ha de ser Pedro Sánchez con las concesiones que salgan de esa comisión. Al margen de puertos o aeropuertos, las joyas de este menú continúan siendo la fiscalidad y la financiación autonómica, y ahí es donde Pere Aragonès tiene la legitimidad de reivindicar a base de razonamientos y donde Sánchez puede desatar suspicacias en el resto de autonomías, ya no en las gobernadas por el PP, sino en las que tienen al frente a dirigentes socialistas cada día con más eco reivindicativo en sus territorios. La Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha llevan décadas exigiendo un reparto equitativo de la financiación con el mismo derecho y razones que puede hacerlo Catalunya. Ceder aquí ante Aragonès puede convertir a las baronías socialistas en un polvorín. Y en tiempos de economía de guerra no está el cuerpo para acudir a más fiestas.

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