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Prisiones y profesionales olvidadas

Es necesario un compromiso político con la labor de las entidades que trabajan en el ámbito penitenciario

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Los presos independentistas de la cárcel de Lledoners, saliendo de permiso.

Los presos independentistas de la cárcel de Lledoners, saliendo de permiso. / David Zorrakino - Europa Press (europa press)

Las prisiones ya no están en primera línea de la actualidad y parece que ya no interesan tanto tampoco al Govern. Los expresos independentistas piden una revisión a fondo del sistema penitenciario y la Conselleria de Justícia se ha comprometido a escuchar sus propuestas, pero el acuerdo de gobierno alcanzado por ERC y JxCat no incluye esa asignatura pendiente entre los retos de país para la legislatura.

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Les entidades que trabajamos en el ámbito penitenciario y de la ejecución penal no queremos dejar pasar la oportunidad de poner el tema en la agenda política y reclamar el compromiso necesario para asegurar la calidad de los programas y servicios que gestionamos. Los sostenemos y defendemos porque son imprescindibles desde el punto de vista humano –para garantizar derechos y dar segundas oportunidades— y porque representan una buena inversión: su éxito está contrastado en términos de reinserción social, desistimiento del delito y disminución de la reincidencia (la tasa se reduce un 30% cuando se aplican mecanismos de retorno progresivo a la comunidad y solo una de cada 10 personas que ha gozado de medidas penales alternativas regresa al sistema de ejecución penal).

A pesar de nuestra implicación, parece que no somos prioritarias. Las declaraciones de los presos del ‘procés’ cuestionando la eficacia reinsertora de las penas privativas de libertad, junto con el debate respecto a los suicidios en centros penitenciarios, ponen sobre la mesa la necesidad de revisar el modelo de ejecución penal catalán. Y si queremos dar un paso adelante hacia una justicia más restaurativa, hay que poner en valor la atención social que prestamos en buena parte las entidades del tercer sector, sin ánimo de lucro y con vocación de servicio público.

Acompañamos a las personas en distintos ámbitos y, en el caso de la ejecución penal, ponemos el acento en el retorno a la comunidad y en la reconstrucción de los vínculos, colaborando con la Administración para dar respuestas a les necesidades personales y sociales. La atención en los centros penitenciarios y en el cumplimiento de medidas penales alternativas a menudo requiere una continuidad más allá de la condena, ya que esta no termina el día que la persona obtiene la libertad. El estigma que arrastrará se sumará a las dificultades para retomar la vida social, restablecer vínculos e incorporarse al mercado laboral.

El estigma y la invisibilidad los sufrimos también las profesionales: nuestro trabajo no tiene el reconocimiento que corresponde a la trascendencia de nuestra labor. Atender sin juzgar, entender las necesidades de las personas y acompañarlas en su proceso de responsabilización, reparación y cambio contribuye al encargo social de la reinserción. La calidad técnica de las profesionales de primera línea es una pieza clave para el sistema y, para garantizarla, se requieren condiciones laborales y relaciones contractuales público-sociales justas. La propuesta de Ley de Acción Concertada impulsada por La Confederación del Tercer Sector es un paso en ese sentido que brinda una oportunidad al Govern para materializar su reconocimiento de las entidades como aliadas estratégicas en la provisión de servicios sociales.

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La implicación se refleja también en espacios de reflexión y coproducción de políticas públicas. Los laboratorios de ideas nos permiten diseñar nuevos proyectos dirigidos a la ciudadanía más vulnerable que, en ocasiones, se convierten en derechos o servicios sociales. El programa de acompañamiento pospenitenciario, los talleres prelaborales para mujeres en segundo grado y el servicio de prevención y desistimiento de la violencia sexual infantil son algunos ejemplos de esa innovación: iniciativas de entidades sociales que hoy forman parte de la cartera de servicios públicos o son financiados por la Administración.

Tal como ha demostrado y acuñado el contexto de pandemia, somos esenciales. Trabajamos para no dejar a nadie atrás y reclamamos que se nos escuche y reconozca para que nuestra experiencia con personas vulnerables y como aliadas de la Administración contribuya a repensar el modelo de ejecución penal. Necesitamos una apuesta clara y un compromiso ajustado al éxito y la relevancia de nuestra labor.