El empuje económico catalán

Que Catalunya es uno de los grandes motores de la economía española está fuera de toda duda. Que en los últimos años había ido perdiendo peso respecto al conjunto estatal –coincidiendo con los momentos más convulsos del ‘procés’– también es una realidad que constatan los indicadores económicos. Los mismos que ahora reflejan un mayor dinamismo, que podría traducirse en una recuperación del terreno perdido. El último estudio de la Cámara de Comercio de España, correspondiente a junio, así lo atestigua: de los 75 indicadores que el Observatorio Económico-Empresarial de este organismo considera clave, en el 64% de los casos Catalunya estuvo igual o mejor que la media española. O lo que es lo mismo, solo en el 36% de los indicadores, la economía catalana evolucionó peor que el conjunto de España, una clara mejoría respecto a marzo (cuando alcanzó el 50%) y diciembre (65%). La economía no es ajena a la realidad sociopolítica que la envuelve, y es fácil distinguir los dos grandes factores que han marcado el pasado más reciente y que seguirán marcando la evolución futura: el ‘procés’ y la pandemia. Y si tenemos en cuenta que lo que pide la actividad empresarial es estabilidad y seguridad para invertir y crear empleo, cuanta menos crispación política y más se contengan los contagios y las nuevas variantes del virus, mejor progresará la economía. Y aún se añade un tercer factor que influirá poderosamente en los próximos años: los fondos europeos de recuperación.

El ‘sorpasso’ de Madrid a Catalunya, en términos de PIB, en los dos años que siguieron al 1-O fue visto como una señal de la pérdida de poder económico catalán a raíz del ‘procés’, igual que la masiva fuga de sedes sociales. Y si bien es cierto que el traslado de una sede social no implica de inmediato el cierre de fábricas ni la pérdida de puestos de trabajo, los economistas advierten de que tener la sede social –donde se reúnen los consejos de administración– alejados del centro de producción puede conllevar a la larga otras decisiones de traslado. En este último punto, tampoco hay que obviar el efecto de capitalidad y la política fiscal de Madrid. Desde 2017, Catalunya ha perdido más de 2.300 sedes sociales de empresas (saldo entre las que se van y las que llegan), mientras que Madrid ha ganado casi 1.600. Uno de los principales objetivos del ‘president’ de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, es que regresen a Catalunya el máximo de las que se marcharon. Y aunque es difícil revertir decisiones empresariales de este calado, ayudaría una acción de Govern centrada en la gestión de los problemas diarios, y no tanto en debates enconados que elevan la confrontación.

El renovado empuje de la economía catalana la sitúa en un buen punto de partida para la negociación de los fondos europeos Next Generation que debe empezar ahora, y en el que la estabilidad política es esencial. La mala imagen de la foto de familia sin Catalunya en la Conferencia de Presidentes del pasado viernes no se corresponde con la lealtad institucional que requiere el momento. Una mala imagen que, por cierto, contrasta con la presencia del ‘conseller’ de Economia, Jaume Giró, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el miércoles. Es este sentido de responsabilidad el que debe predominar, el mismo que lleva a la comisión bilateral Estado-Generalitat a reunirse hoy por primera vez desde 2018. Este órgano creado por el Estatut no debería sufrir los vaivenes coyunturales políticos. Son muchos los asuntos pendientes entre el Govern y el Ejecutivo central, exijamos a ambos lados de la mesa lealtad institucional, responsabilidad y sentido de Estado.