Editorial

Multas más proporcionadas

La ofensiva contra los pisos turísticos ilegales debe distinguir a los infractores puntuales de las grandes redes, como ha admitido el Ayuntamiento de Barcelona

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Janet Sanz durante la presentación de la reforma de la calle de Pelai, en Barcelona.

Janet Sanz durante la presentación de la reforma de la calle de Pelai, en Barcelona. / CAPTURA VIDEO ACN

En 2017, a raíz de la situación límite a que se había llegado, sin una regulación pertinente y tras alcanzar la cifra de 9.600 licencias de apartamentos turísticos, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó el Plan Especial Urbanístico de Alojamiento Turístico (PEUAT) para cortar de raíz una práctica que se había hecho extensiva e insostenible. Aunque el plan fue posteriormente recurrido y aún está pendiente de revisión judicial, el consistorio decidió emprender una política de moratoria temporal de nuevas licencias que, de facto, evita nuevos hoteles en el centro y más apartamentos en toda la ciudad. 

Para erradicar el uso de viviendas como pisos turísticos y con el fin de combatir los más de 6.000 pisos anunciados en plataformas multioperadoras, con Airbnb como la más emblemática, una de las medidas más contundentes fue la introducción de durísimas sanciones (entre 60.001 y 600.000 euros). La dureza de la norma ha acabado afectando a particulares que de ninguna manera coinciden con el retrato estándar de los negocios que el ayuntamiento quería perseguir. Se trata, en este caso, de propietarios no profesionales que solo perseguían pequeños ingresos y no grandes lucros, como ocurre con empresas o mafias que pretendían operar sin licencia. Los anfitriones responden a tipologías diversas: personas que alquilan el propio hogar en el mes de vacaciones, que viven solas y que aprovechan la ocasión para incrementar su capacidad económica, circunstancias esporádicas que no pretenden convertirse en un lucro permanente. En definitiva, una actividad «no regular, no profesional y doméstica». Son palabras del representante de Acaba (Afectats pel Conflicte entre l’Ajuntament de Barcelona i Airbnb), una asociación que se ha constituido para hacer frente a las multas desorbitadas que han afectado a unos 300 propietarios, que también han decidido denunciar a la conocida plataforma por su «actuación desleal». 

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Una agresiva campaña para visibilizar el problema y la presión ejercida contra la administración han hecho recapacitar al ayuntamiento, con una reformulación de la política sancionadora para que sea más proporcionada y tenga en cuenta las especificidades individuales de cada infractor. La no reincidencia, la ausencia de comercialización extensa o la situación económica de los afectados incidirán en este replanteamiento, que se concretará en una instrucción municipal que entrará en vigor los próximos días. Como ha declarado Janet Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo: «No todos los casos pueden ir en el mismo paquete; vamos a distinguir el caso de las personas individuales que hicieron la infracción puntualmente». Desde rebajas considerables de la cuantía de la sanción hasta la revisión de los embargos activos, la negociación está abierta.

Los pisos turísticos son una opción válida dentro de la variedad de alojamientos de Barcelona, como de tantos otros destinos del mundo. Los problemas que se asocian a ellos son debidos a un exceso de oferta –a menudo ilegal– que satura el mercado turístico, pone al límite la convivencia en los barrios donde se concentran y perjudica la propia imagen de la ciudad. La voluntad del ayuntamiento de controlar la proliferación de pisos turísticos y sancionar aquellos que se saltan las normas es positiva, como también lo es saber rectificar y no aplicar el mismo rasero para todos los infractores.