El diálogo Estado-Generalitat

Aunque se había especulado con que podría aplazarse a septiembre, la Comisión Bilateral Estado-Generalitat se reunirá finalmente el 2 de agosto. Preparados ya los temas pendientes entre Miquel Iceta, cuando aún era ministro de Política Territorial, y la ‘consellera’ de Presidència, Laura Vilagrà, es positivo que la cita se haya mantenido antes del periodo vacacional para dar así la sensación de que existe voluntad de diálogo y premura en abordarlo. 

Otra característica positiva es la separación de la comisión bilateral de la cita para la mesa de diálogo más político fijada para la tercera semana de septiembre. La separación de ambos encuentros permitirá avanzar al menos en el menos conflictivo, que es la comisión bilateral, aunque en la mesa de diálogo las discusiones se estanquen, especialmente si ya en la primera reunión los representantes del Govern plantean las reivindicaciones del programa máximo, como son la amnistía y el derecho de autodeterminación, como han anunciado repetidas veces que harán.

En el diálogo más práctico pueden plantearse múltiples temas, entre los más de 40 recogidos en lo que el Gobierno de Pedro Sánchez llama la Agenda del Reencuentro, pero la portavoz del Govern ha fijado seis cuestiones prioritarias –alquileres, dependencia, becas, ingreso mínimo vital, Mossos d’Esquadra e infraestructuras–, sin perjuicio de otras muy importantes, como el reparto de los fondos europeos.

En principio, los temas más fáciles de abordar son las becas, el ingreso mínimo vital y los Mossos. El traspaso pendiente de las becas universitarias, que dese 2001 el Tribunal Constitucional ha fallado en tres ocasiones que son competencia autonómica, causa un agravio de 44 millones anuales, según la Generalitat. El Govern reclama asimismo el traspaso de la gestión y la financiación (15 millones anuales) del ingreso mínimo vital (IMV) por invasión de competencias cuando ya existe la ‘renda garantida de ciutadania’ y por razones de proximidad: en el primer año solo se han aprobado un 15,6% de las solicitudes de IMV. Sobre los Mossos, el Govern pide un aumento de plantilla para acercarse a la ratio de policías por habitantes del resto de España (3,5 agentes por mil habitantes, cuando en Catalunya es de 2,5) y la materialización de los 688 millones de financiación asumidos por el Gobierno del PSOE en 2018 pero que aún no han llegado (los primeros 452 millones están previstos en el Presupuesto de 2021).

Más difíciles parecen los otros tres temas –infraestructuras, dependencia y alquileres– por déficits del pasado y por las diferencias existentes. En infraestructuras, la no aplicación durante años de la disposición adicional tercera del Estatut, que equiparaba la inversión al porcentaje del PIB, ha acumulado un gran déficit, así como una elevada deuda en Rodalies. El Govern ha desenterrado también la reivindicación del traspaso del puerto y el aeropuerto de Barcelona y del Consorci de la Zona Franca. En la ley de dependencia se arrastra un incumplimiento de la financiación por parte del Estado, que cubre apenas un 13% (frente a un 65% de la Generalitat) cuando debía sufragar un 50% de los gastos de atención a las personas dependientes.

Finalmente, el tema más político es la petición de la Generalitat de que el Gobierno retire el recurso de inconstitucionalidad a la ley de alquileres catalana, que sigue en vigor porque no se ejecutó la cláusula de suspensión. Este asunto se cruza además con las divergencias sobre la rebaja de los alquileres en el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, lo que puede complicar su resolución.