Editorial Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

La salud y la libre circulación

El pasaporte covid debe regularse con garantías para ser una ayuda en el control de la pandemia sin discriminar a los ciudadanos en sus libertades y derechos

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Unos espectadores enseñan su pasaporte sanitario antes de entrar al cine en París.

Unos espectadores enseñan su pasaporte sanitario antes de entrar al cine en París. / Alain Jocard / Afp

La polémica del pasaporte covid está sobre la mesa. Lo que unos ven, desde el pragmatismo sanitario, un método eficaz para contener el virus, otros atisban una puerta abierta al recorte de libertades, de difícil marcha atrás. La decisión de algunos países de exigir este certificado -concebido inicialmente para viajar- para poder entrar en lugares públicos como bares o museos añade unas variables que merecen especial observación. La concepción del pasaporte covid (voluntario y gratuito) fue una iniciativa de la Unión Europea para, en principio, dinamizar el turismo y para poder abrir mercados con garantías sanitarias. Este mismo periódico, en el editorial que analizaba su introducción, afirmaba que «el pasaporte ha de servir para facilitar la libre circulación de personas, pero no tiene que entenderse como un documento que dé vía libre a sus portadores». Se mezclaban entonces, en abril, la necesidad de dotarse de un mecanismo que acelerara la recuperación económica y la conciencia de que no se trataba de una traba social ni de un salvoconducto. Cabe recordar que el pasaporte covid incorpora información delicada y que contempla tres opciones: haber recibido la pauta completa de vacunación, haber superado la enfermedad con anticuerpos o haber superado un PCR en las últimas 48 horas. 

Su implantación, este julio, ha venido acompañada de encendidos debates, en especial por la peculiar adaptación del pasaporte a la realidad de cada país. Se han recrudecido las discusiones que ya se tuvieron en el momento de su aprobación generalizada, en el sentido que se plantea como una confrontación entre las exigencias sanitarias y la salvaguarda de los derechos individuales. Los casos más notorios se dan en Francia e Italia. En su aparición solemne del 12 de julio, el presidente Emmanuel Macron anunció que el pase sanitario sería obligatorio en espacios cerrados de ocio, cultura y deporte y que, a partir de agosto, también se exigiría para restaurantes, bares, grandes centros comerciales, residencias de mayores y transportes de largo recorrido. En Italia, algo parecido, a partir de agosto, con la salvedad de los transportes, pero con reclamación del pasaporte en oposiciones administrativas. En España, todavía no se ha estudiado seriamente la posibilidad de reclamar el pasaporte, pero el sector del ocio nocturno lo ve con buenos ojos para poder reabrir sus establecimientos. 

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La estrategia confesada de estos países, con altas tasas de ciudadanos reticentes a la vacuna, es utilizar el pasaporte covid como un mecanismo para inducir a la población a vacunarse. Algunos lo califican casi como un chantaje legal que establece diferentes categorías de ciudadanos. De aquí la polémica que se ha levantado, también en el Reino Unido, por cuanto la exigencia del certificado es percibida como un atentado a las libertades individuales. 

Sin embargo, tener la seguridad de que en lugares cerrados y concurridos solo acceden personas sin riesgo de expandir el virus es uno de los métodos más eficaces en la lucha contra la pandemia, por lo que, desde el punto de vista sanitario, la defensa del pasaporte covid en bares, restaurantes y otros sitios públicos está justificada. Ayudaría a normalizar la actividad social sin temor a nuevas olas. Partiendo de la premisa de esta utilidad, habrá que regular con claridad las condiciones y casos en que puede exigirse, para evitar posibles abusos, y establecer un equilibrio entre la defensa de quienes están en su posesión y la no penalización de quienes no disponen de él.