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Alarma ante el bloqueo judicial

El magistrado conservador Pedro González-Trevijano apunta contra el Gobierno de Sánchez

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Fachada del edificio del Tribunal Constitucional.

Fachada del edificio del Tribunal Constitucional. / David Castro

Hipocresía fuera. Pese a que el poder judicial debe ser independiente del legislativo y el ejecutivo, en todas las democracias la justicia y la política tienen muchas conexiones. En su último año de mandato, el presidente Obama no pudo nombrar un juez del Supremo (lo forman nueve magistrados vitalicios) porque los republicanos del Senado lo dilataron hasta que Trump ganó.

Pero una cosa es la impureza en la separación de poderes (ley de vida) y otra el descaro hispánico al politizar los tribunales. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, se habría debido renovar en 2018. Tres años después no se ha hecho porque los dos grandes partidos no han pactado la mayoría necesaria (tres quintos de los diputados) para nombrar sus 20 componentes. ¿Culpa de quién? Lo cierto es que el PP perdería algo de peso.

Pero lo peor es que, tal como van las relaciones PSOE- PP, puede que no haya nuevo CGPJ en toda la legislatura. Hasta 2024. Sería un escándalo y dañaría mucho el prestigio de las instituciones. Un Parlamento que no escoge a los 20 miembros del CGPJ y un poder judicial peleado y prorrogado. Y, además, el CGPJ en funciones no puede hacer nombramientos relevantes (magistrados del Supremo) porque el PSOE, intentando forzar la renovación, hizo en marzo una ley quitándole esa potestad. ¿Puede la justicia europea tomarse en serio a la española?

Y lo del Tribunal Constitucional (TC) huele aún peor. Su sentencia diciendo que el confinamiento no se podía dictar con el estado de alarma y que era preciso el de excepción tiene muy poca racionalidad. Y dejaría a España indefensa ante otro coronavirus porque el estado de excepción es por un mes y solo se puede prorrogar una vez.

¿Qué ha pasado? Que cinco magistrados de la derecha judicial, más Encarna Roca, que ha cambiado de bando, dirigidos por el ponente Pedro González-Trevijano, han querido propinar una patada en la espinilla al Gobierno. Lo han logrado, pero topando con los tres progresistas que quedaban (el cuarto dimitió y no hubo acuerdo para sustituirlo), y a otros dos conservadores, entre ellos el presidente del tribunal, para los que el estado de alarma, vista la gran amenaza de la pandemia, era la solución menos mala.

Lo peor puede llegar en 2022, cuando se debe renovar un tercio del TC, cuatro magistrados, que son nombrados por el Gobierno (dos) y por el CGPJ (otros dos). Pero el CGPJ no podrá elegirlos si sigue en funciones, y entonces los que designe el Gobierno tampoco podrán tomar posesión. Así, el TC solo tendría a cuatro de sus 12 miembros en situación normal. Y Trevijano, el ponente de la sentencia contra la alarma, y Antonio Narváez, nombrados por el Gobierno de Rajoy en 2013, seguirán en funciones.

Un TC caducado, con una mayoría conservadora de ocho contra tres. O de seis contra cinco, si el presidente González Rivas y Andrés Ollero votan como la pasada semana. Y parece que Trevijano quiere desplazar a González Rivas, al que tachan de contemporizador, de la presidencia.

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Que a mitad del 2022 el CGPJ y el TC estuvieran 'supercaducados' implicaría que España estaría jurídicamente bloqueada. O en caos judicial. Alguien sostiene que sería casi un estado fallido y que la derecha judicial podría disparar a placer contra el Gobierno de Sánchez.

Un ciudadano sensato me dice que no lo entiende. ¿Cómo lo arreglan entonces en otros países? No hay ninguno como nosotros. Lo que los constituyentes nunca pudieron imaginar es que el líder de la oposición, alegando diversas causas, se negaría a la renovación -marcada por las leyes- de órganos tan relevantes.

Que Pedro Sánchez y Pablo Casado compiten por el mismo empleo es conocido. Que sus programas sean opuestos es lógico. Que personalmente se detesten es un asunto privado. Lo inadmisible es que lleven tres años sin cumplir lo que manda la ley y la Constitución. Y no son iguales. Uno tiene defectos. El otro bloquea. ¿Quiere sacar partido?

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 ¡Ojalá me equivoque! Que todo se reconduzca, que en setiembre el ministro Félix Bolaños y Cuca Gamarra, la portavoz del PP, puedan arreglar, o pastelear, algo. Y luego se renueve el CGPJ y el TC, y Pedro Sánchez y Pablo Casado tomen alguna vez el té de las cinco.

Me temo que va a ser que no.